jueves, 5 de agosto de 2010

CAMISEA AL ROJO VIVO

El paro indefinido iniciado el 27 de julio en el distrito de Echarate, provincia de La Convención, en Cusco, se agrava. El Gobierno ha declarado el estado de emergencia en la zona con el fin de contener las protestas. Hay denuncias desde el Ejecutivo indicando que los actores políticos (alcaldes que buscan reelección) son quienes promueven este paro, con dinero estatal.

Como habíamos afirmado, el tema de Camisea es un tema político y también económico. Hace unos días comentamos también la necesidad de establecer una política energética nacional y los intentos del actual ministro por delinear una política energética de largo plazo.

Sin embargo, lo que ocurre ahora pertenece a un ámbito de la política de corto plazo, la política electoral. Las bombas de tiempo político-sociales como Camisea se han construido sobre la base de dos aspectos no atendidos en su momento (por falta de una política de largo plazo).

El primero es la falta de inclusión, desde inicios del proyecto, de todos los actores sociales. Como anotamos en nuestro boletín de Fiestas Patrias, la contradicción de exportar gas natural y dejar sin el recurso a quienes lo necesitan para abrigarse y desarrollarse es un factor importantísimo que no ha sido atendido.

El segundo aspecto es el manejo equivocado del gobierno, que ha preferido mediante su política del perro del hortelano denunciar a todos aquellos que se “oponen” a la inversión privada, de estar contra el progreso y con ello polarizando cada vez más los conflictos.

Lamentablemente, la política de Estado aplicada desde las reformas de los años noventas, no toman en cuenta estos dos aspectos. La política implantada ha buscado la fórmula directa de un Estado que facilita la inversión privada para la explotación de recursos naturales. La experiencia nos indica que este modelo no es suficiente para hacer gobernable un país, pues no toma en cuenta a los actores sociales y poblaciones ni tampoco a los actores políticos con quienes se debió de establecer consensos. Por ello, es natural que un actor político en confrontación y ávido de poder conjugue sus expectativas con las demandas de una población desatendida. Bagua, nos ha demostrado que no atender estos aspectos en su debido momento atenta contra la paz y la vida de los ciudadanos.

El Estado gobierna con predilección para las transnacionales y deja de lado los problemas sociales esperando que con el canon sean los gobiernos locales quienes resuelvan todas las necesidades de sus poblaciones. La verdad es que hay muchos aspectos deben ser atendidos directamente desde el gobierno central como son el acceso a servicios públicos.

La “defensa” de un recurso estratégico frente a su exportación es una causa atendible y razonable, la Sociedad Nacional de Industrias se ha pronunciado al respecto, señalando las contradicciones del proyecto Camisea. Se hace necesario promover el debate sobre el modelo de desarrollo del Perú y enmarcar en él el uso de recursos estratégicos como el gas natural.

La falta de un consenso político sobre el uso de los recursos naturales entre el Estado, los partidos políticos, las empresas y las poblaciones de las zonas de explotación, incuba conflictos sociales como el que se vive en Cusco, poniendo en riesgo la vida de miles de peruanos pero también socavando más nuestra precaria democracia, confrontado al Estado con sus ciudadanos. ¿De lado de quién debería estar el Estado? ¿De quienes explotan el recurso para un beneficio económico ó de quienes son sus industriales y sus ciudadanos? Esperamos que no sea un nuevo “Baguazo” y tengamos que lamentar más muertes de compatriotas habitantes del mismo país, el Perú.