viernes, 28 de agosto de 2015

PATRIA O MERCADO - El lote 192 y las fallas de un modelo económico hegemónico

Durante los años noventas en el sector energía se pasó del esquema de propiedad estatal integrada a un sistema de propiedad desintegrada verticalmente por negocios. Esto en los sub sectores electricidad y petróleo y posteriormente, con el ingreso de Camisea, la industria del gas natural se configuró de manera similar.

Los supuestos económicos, válidos como marcos teóricos, sustentaron una reforma completa de la propiedad de la infraestructura energética en el mundo y en el Perú. La infraestructura energética debía estar en manos de los privados para  favorecer la inversión nueva, asimismo, fomentar el uso eficiente de los recursos y además de mantener las decisiones técnicas alejadas de los políticos de turno, que en el pasado utilizaron las empresas estatales para fines netamente partidarios.

Así, en sus primeros años la reforma trajo consigo la eficiencia en el uso de recursos. Su contraparte fue el despido de muchos trabajadores. Se reorganizaron las empresas y comenzaron a producir mayores utilidades, también se ejecutaron los compromisos de inversión firmados, mejorando la calidad y el abastecimiento de la energía eléctrica, derivados de petróleo y permitió la explotación del gas natural.

Pasado el primer decenio, se evidenciaron los límites de las reformas iniciales. Los inversionistas comenzaron (una vez instalados en el mercado) a tomar decisiones de negocios buenas para ellos, pero no del todo buenas para el conjunto de los sistemas, ni mucho menos tomaron decisiones políticas para el país. Así, la falta de inversión en mejora de infraestructura, el menor desarrollo de la exploración petrolera o de nueva generación eléctrica, sumadas a condiciones estacionales y de mercados internacionales adversos a nuestros intereses, produjeron las que en su momento se llamaron “crisis energéticas”.

Es necesario mencionar que el proceso inicial de privatización nunca llegó a concluirse. Por una parte las empresas eléctricas de generación fueron casi todas privatizadas con excepción del más grande complejo hidroeléctrico del país Mantaro-Restitución que quedó en manos de la empresa estatal ELECTROPERÚ. Por otra parte, las empresas distribuidoras eléctricas de Lima norte y sur fueron privatizadas y alguna otra de provincia, por el contrario el resto se mantuvo en manos del Estado hasta hoy, es decir casi todas las regiones son atendidas por empresas estatales eléctricas.

En el campo petrolero se mantuvo PETROPERÚ en manos estatales únicamente con la refinería de Talara y Conchán y alguna participación en estaciones de servicios. Se le excluyó completamente de la producción y mantuvo la propiedad del oleoducto nor peruano.

La privatización inconclusa generó un problema que ningún gobierno ha sabido afrontar con claridad, pues nunca han podido responder a ¿Cuál será el rol empresarial del Estado?

Por un lado algunos intereses autoproclamados técnicos “independientes” indican y ponen el grito en el cielo frente a la posibilidad de que PETROPERÚ asuma la participación en el lote 192, argumentan que un privado puede hacer una gestión más eficiente de los recursos y mejor técnicamente. Sin embargo, el accionar privado en todos los sectores no fue, ni se realizó según lo que se esperaba de ellos a partir de la reforma de los noventas, sino más bien, actuaron de manera conservadora y rentista (¿Quién no lo haría?) protegiendo sus intereses y maximizando sus utilidades en desmedro del bienestar social, aquel que se supone el Estado y su regulación deberían resguardar.

Actualmente el mercado petrolero no está en su mejor momento, luego de pasar de precios por encima de 100 dólares el barril hoy el precio fluctúa entre los 40 y 50 dólares por debajo de la mitad de su precio, esto hace muchos proyectos no rentables, no sólo en Perú sino en el mundo haciendo que los inversionistas hayan perdido el interés.

En el año 2013 la empresa privada REPSOL propietaria de la Refinería La Pampilla estuvo negociando con el Estado la venta de todos sus activos, aunque ello nunca se realizó porque al parecer el precio que pedían al Estado era muy elevado por activos devaluados que la empresa no ha repotenciado durante años.  Hace pocas semanas el proceso de licitación del lote 192 quedó desierto es decir las empresa privadas decidieron no participar en su operación, y menos competir por la adjudicación. Un proceso de competencia habría sido adecuado para obtener mejores condiciones aunque el mercado no esté en su mejor momento. Frente a ello y con apuros el Estado ha decidido entregar casi directamente la operación por dos años a la empresa Pacific, en una negociación directa y sin competencia.

Estos últimos eventos nos hacen ver que en el negocio de la industria petrolera en el Perú, los privados han perdido interés y buscarían o retirarse o no volver a ingresar al negocio (salvo negociación directa sin competencia).

¿Si, los privados no quieren participar del negocio petrolero, no podemos apelar al principio de subsidiariedad contemplado en la Constitución, mediante el cual cuando un privado ya no puede participar y ser productor de bienes y servicios, entonces, el Estado en función del interés nacional puede hacerlo?

Cabe la posibilidad que el Estado a través de PetroPerú retome el negocio de la explotación de petróleo vía el lote 192 y, de darse las condiciones y la voluntad política, hasta podría volver a la propiedad de la importante refinería La Pampilla, sumado a la actual modernización de Talara la pondría en una mejor situación y con respaldo además de sectores que han venido promoviendo su reforzamiento desde regiones, el propio gobierno, el congreso (incluida bancada nacionalista) y de los sucesivos directorios de PetroPerú.

No entendemos tampoco como la operación del lote 192 pueda ser negocio para Pacific y se le exija una inversión de 40 millones de dólares y en el congreso el primer ministro diga que NO es negocio para PetroPerú y que su operación implica 700 millones de dólares. ¿Osea puede ser negocio para un privado pero no para una empresa estatal? ¿Por qué Pacific se le exigiría sólo cuarenta millones y a PetroPerú 700 millones? ¿No se supone que es el mismo lote, con las mismas reservas y la misma infraestructura?

Ahora que vienen las elecciones los candidatos como parte de sus planteamientos de gobierno deben responder a la pregunta de ¿Qué hacer con las empresas estatales? El problema es que, dejarlas como ahora sin capacidad de acción hace que sus activos e infraestructura vayan perdiendo valor con el tiempo, sin posibilidades de invertir y actuar con libertad como lo haría un privado, se ven condenadas a una muerte lenta por inanición. Esto se da también en la generación eléctrica en donde ELECTROPERÚ ha pasado de ser la primera empresa de generación eléctrica en los noventas a segundo y hasta tercer lugar, y seguramente con el desarrollo del sector continuará descendiendo en importancia.


No podemos continuar con el cinismo de decir que no se puede tener empresas estatales cuando desde los años noventas las empresas estatales existen y peso a todos los problemas siguen entregando utilidades, aunque las aten de manos y las utilicen como siempre para fines políticos. Necesitamos definiciones.