Durante los años
noventas en el sector energía se pasó del esquema de propiedad estatal
integrada a un sistema de propiedad desintegrada verticalmente por negocios. Esto
en los sub sectores electricidad y petróleo y posteriormente, con el ingreso de
Camisea, la industria del gas natural se configuró de manera similar.
Los supuestos
económicos, válidos como marcos teóricos, sustentaron una reforma completa de
la propiedad de la infraestructura energética en el mundo y en el Perú. La infraestructura
energética debía estar en manos de los privados para favorecer la inversión nueva, asimismo,
fomentar el uso eficiente de los recursos y además de mantener las decisiones
técnicas alejadas de los políticos de turno, que en el pasado utilizaron las
empresas estatales para fines netamente partidarios.
Así, en sus
primeros años la reforma trajo consigo la eficiencia en el uso de recursos. Su
contraparte fue el despido de muchos trabajadores. Se reorganizaron las
empresas y comenzaron a producir mayores utilidades, también se ejecutaron los compromisos
de inversión firmados, mejorando la calidad y el abastecimiento de la energía
eléctrica, derivados de petróleo y permitió la explotación del gas natural.
Pasado el primer
decenio, se evidenciaron los límites de las reformas iniciales. Los
inversionistas comenzaron (una vez instalados en el mercado) a tomar decisiones
de negocios buenas para ellos, pero no del todo buenas para el conjunto de los
sistemas, ni mucho menos tomaron decisiones políticas para el país. Así, la
falta de inversión en mejora de infraestructura, el menor desarrollo de la
exploración petrolera o de nueva generación eléctrica, sumadas a condiciones
estacionales y de mercados internacionales adversos a nuestros intereses, produjeron
las que en su momento se llamaron “crisis energéticas”.
Es necesario
mencionar que el proceso inicial de privatización nunca llegó a concluirse. Por
una parte las empresas eléctricas de generación fueron casi todas privatizadas
con excepción del más grande complejo hidroeléctrico del país
Mantaro-Restitución que quedó en manos de la empresa estatal ELECTROPERÚ. Por
otra parte, las empresas distribuidoras eléctricas de Lima norte y sur fueron
privatizadas y alguna otra de provincia, por el contrario el resto se mantuvo
en manos del Estado hasta hoy, es decir casi todas las regiones son atendidas
por empresas estatales eléctricas.
En el campo
petrolero se mantuvo PETROPERÚ en manos estatales únicamente con la refinería
de Talara y Conchán y alguna participación en estaciones de servicios. Se le
excluyó completamente de la producción y mantuvo la propiedad del oleoducto nor
peruano.
La privatización
inconclusa generó un problema que ningún gobierno ha sabido afrontar con
claridad, pues nunca han podido responder a ¿Cuál será el rol empresarial del
Estado?
Por un lado
algunos intereses autoproclamados técnicos “independientes” indican y ponen el
grito en el cielo frente a la posibilidad de que PETROPERÚ asuma la
participación en el lote 192, argumentan que un privado puede hacer una gestión
más eficiente de los recursos y mejor técnicamente. Sin embargo, el accionar
privado en todos los sectores no fue, ni se realizó según lo que se esperaba de
ellos a partir de la reforma de los noventas, sino más bien, actuaron de manera
conservadora y rentista (¿Quién no lo haría?) protegiendo sus intereses y
maximizando sus utilidades en desmedro del bienestar social, aquel que se
supone el Estado y su regulación deberían resguardar.
Actualmente el
mercado petrolero no está en su mejor momento, luego de pasar de precios por
encima de 100 dólares el barril hoy el precio fluctúa entre los 40 y 50 dólares
por debajo de la mitad de su precio, esto hace muchos proyectos no rentables,
no sólo en Perú sino en el mundo haciendo que los inversionistas hayan perdido
el interés.
En el año 2013
la empresa privada REPSOL propietaria de la Refinería La Pampilla estuvo
negociando con el Estado la venta de todos sus activos, aunque ello nunca se
realizó porque al parecer el precio que pedían al Estado era muy elevado por
activos devaluados que la empresa no ha repotenciado durante años. Hace pocas semanas el proceso de licitación
del lote 192 quedó desierto es decir las empresa privadas decidieron no
participar en su operación, y menos competir por la adjudicación. Un proceso de
competencia habría sido adecuado para obtener mejores condiciones aunque el
mercado no esté en su mejor momento. Frente a ello y con apuros el Estado ha
decidido entregar casi directamente la operación por dos años a la empresa
Pacific, en una negociación directa y sin competencia.
Estos últimos
eventos nos hacen ver que en el negocio de la industria petrolera en el Perú,
los privados han perdido interés y buscarían o retirarse o no volver a ingresar
al negocio (salvo negociación directa sin competencia).
¿Si, los
privados no quieren participar del negocio petrolero, no podemos apelar al
principio de subsidiariedad contemplado en la Constitución, mediante el cual
cuando un privado ya no puede participar y ser productor de bienes y servicios,
entonces, el Estado en función del interés nacional puede hacerlo?
Cabe la
posibilidad que el Estado a través de PetroPerú retome el negocio de la
explotación de petróleo vía el lote 192 y, de darse las condiciones y la
voluntad política, hasta podría volver a la propiedad de la importante
refinería La Pampilla, sumado a la actual modernización de Talara la pondría en
una mejor situación y con respaldo además de sectores que han venido
promoviendo su reforzamiento desde regiones, el propio gobierno, el congreso
(incluida bancada nacionalista) y de los sucesivos directorios de PetroPerú.
No entendemos
tampoco como la operación del lote 192 pueda ser negocio para Pacific y se le
exija una inversión de 40 millones de dólares y en el congreso el primer
ministro diga que NO es negocio para PetroPerú y que su operación implica 700
millones de dólares. ¿Osea puede ser negocio para un privado pero no para una
empresa estatal? ¿Por qué Pacific se le exigiría sólo cuarenta millones y a
PetroPerú 700 millones? ¿No se supone que es el mismo lote, con las mismas reservas
y la misma infraestructura?
Ahora que vienen
las elecciones los candidatos como parte de sus planteamientos de gobierno
deben responder a la pregunta de ¿Qué hacer con las empresas estatales? El
problema es que, dejarlas como ahora sin capacidad de acción hace que sus
activos e infraestructura vayan perdiendo valor con el tiempo, sin
posibilidades de invertir y actuar con libertad como lo haría un privado, se
ven condenadas a una muerte lenta por inanición. Esto se da también en la
generación eléctrica en donde ELECTROPERÚ ha pasado de ser la primera empresa
de generación eléctrica en los noventas a segundo y hasta tercer lugar, y
seguramente con el desarrollo del sector continuará descendiendo en
importancia.
No podemos
continuar con el cinismo de decir que no se puede tener empresas estatales
cuando desde los años noventas las empresas estatales existen y peso a todos
los problemas siguen entregando utilidades, aunque las aten de manos y las
utilicen como siempre para fines políticos. Necesitamos definiciones.
