PATRIA O MERCADO - El lote 192 y las fallas de un modelo económico hegemónico

Durante los años noventas en el sector energía se pasó del esquema de propiedad estatal integrada a un sistema de propiedad desintegrada verticalmente por negocios. Esto en los sub sectores electricidad y petróleo y posteriormente, con el ingreso de Camisea, la industria del gas natural se configuró de manera similar.

Los supuestos económicos, válidos como marcos teóricos, sustentaron una reforma completa de la propiedad de la infraestructura energética en el mundo y en el Perú. La infraestructura energética debía estar en manos de los privados para  favorecer la inversión nueva, asimismo, fomentar el uso eficiente de los recursos y además de mantener las decisiones técnicas alejadas de los políticos de turno, que en el pasado utilizaron las empresas estatales para fines netamente partidarios.

Así, en sus primeros años la reforma trajo consigo la eficiencia en el uso de recursos. Su contraparte fue el despido de muchos trabajadores. Se reorganizaron las empresas y comenzaron a producir mayores utilidades, también se ejecutaron los compromisos de inversión firmados, mejorando la calidad y el abastecimiento de la energía eléctrica, derivados de petróleo y permitió la explotación del gas natural.

Pasado el primer decenio, se evidenciaron los límites de las reformas iniciales. Los inversionistas comenzaron (una vez instalados en el mercado) a tomar decisiones de negocios buenas para ellos, pero no del todo buenas para el conjunto de los sistemas, ni mucho menos tomaron decisiones políticas para el país. Así, la falta de inversión en mejora de infraestructura, el menor desarrollo de la exploración petrolera o de nueva generación eléctrica, sumadas a condiciones estacionales y de mercados internacionales adversos a nuestros intereses, produjeron las que en su momento se llamaron “crisis energéticas”.

Es necesario mencionar que el proceso inicial de privatización nunca llegó a concluirse. Por una parte las empresas eléctricas de generación fueron casi todas privatizadas con excepción del más grande complejo hidroeléctrico del país Mantaro-Restitución que quedó en manos de la empresa estatal ELECTROPERÚ. Por otra parte, las empresas distribuidoras eléctricas de Lima norte y sur fueron privatizadas y alguna otra de provincia, por el contrario el resto se mantuvo en manos del Estado hasta hoy, es decir casi todas las regiones son atendidas por empresas estatales eléctricas.

En el campo petrolero se mantuvo PETROPERÚ en manos estatales únicamente con la refinería de Talara y Conchán y alguna participación en estaciones de servicios. Se le excluyó completamente de la producción y mantuvo la propiedad del oleoducto nor peruano.

La privatización inconclusa generó un problema que ningún gobierno ha sabido afrontar con claridad, pues nunca han podido responder a ¿Cuál será el rol empresarial del Estado?

Por un lado algunos intereses autoproclamados técnicos “independientes” indican y ponen el grito en el cielo frente a la posibilidad de que PETROPERÚ asuma la participación en el lote 192, argumentan que un privado puede hacer una gestión más eficiente de los recursos y mejor técnicamente. Sin embargo, el accionar privado en todos los sectores no fue, ni se realizó según lo que se esperaba de ellos a partir de la reforma de los noventas, sino más bien, actuaron de manera conservadora y rentista (¿Quién no lo haría?) protegiendo sus intereses y maximizando sus utilidades en desmedro del bienestar social, aquel que se supone el Estado y su regulación deberían resguardar.

Actualmente el mercado petrolero no está en su mejor momento, luego de pasar de precios por encima de 100 dólares el barril hoy el precio fluctúa entre los 40 y 50 dólares por debajo de la mitad de su precio, esto hace muchos proyectos no rentables, no sólo en Perú sino en el mundo haciendo que los inversionistas hayan perdido el interés.

En el año 2013 la empresa privada REPSOL propietaria de la Refinería La Pampilla estuvo negociando con el Estado la venta de todos sus activos, aunque ello nunca se realizó porque al parecer el precio que pedían al Estado era muy elevado por activos devaluados que la empresa no ha repotenciado durante años.  Hace pocas semanas el proceso de licitación del lote 192 quedó desierto es decir las empresa privadas decidieron no participar en su operación, y menos competir por la adjudicación. Un proceso de competencia habría sido adecuado para obtener mejores condiciones aunque el mercado no esté en su mejor momento. Frente a ello y con apuros el Estado ha decidido entregar casi directamente la operación por dos años a la empresa Pacific, en una negociación directa y sin competencia.

Estos últimos eventos nos hacen ver que en el negocio de la industria petrolera en el Perú, los privados han perdido interés y buscarían o retirarse o no volver a ingresar al negocio (salvo negociación directa sin competencia).

¿Si, los privados no quieren participar del negocio petrolero, no podemos apelar al principio de subsidiariedad contemplado en la Constitución, mediante el cual cuando un privado ya no puede participar y ser productor de bienes y servicios, entonces, el Estado en función del interés nacional puede hacerlo?

Cabe la posibilidad que el Estado a través de PetroPerú retome el negocio de la explotación de petróleo vía el lote 192 y, de darse las condiciones y la voluntad política, hasta podría volver a la propiedad de la importante refinería La Pampilla, sumado a la actual modernización de Talara la pondría en una mejor situación y con respaldo además de sectores que han venido promoviendo su reforzamiento desde regiones, el propio gobierno, el congreso (incluida bancada nacionalista) y de los sucesivos directorios de PetroPerú.

No entendemos tampoco como la operación del lote 192 pueda ser negocio para Pacific y se le exija una inversión de 40 millones de dólares y en el congreso el primer ministro diga que NO es negocio para PetroPerú y que su operación implica 700 millones de dólares. ¿Osea puede ser negocio para un privado pero no para una empresa estatal? ¿Por qué Pacific se le exigiría sólo cuarenta millones y a PetroPerú 700 millones? ¿No se supone que es el mismo lote, con las mismas reservas y la misma infraestructura?

Ahora que vienen las elecciones los candidatos como parte de sus planteamientos de gobierno deben responder a la pregunta de ¿Qué hacer con las empresas estatales? El problema es que, dejarlas como ahora sin capacidad de acción hace que sus activos e infraestructura vayan perdiendo valor con el tiempo, sin posibilidades de invertir y actuar con libertad como lo haría un privado, se ven condenadas a una muerte lenta por inanición. Esto se da también en la generación eléctrica en donde ELECTROPERÚ ha pasado de ser la primera empresa de generación eléctrica en los noventas a segundo y hasta tercer lugar, y seguramente con el desarrollo del sector continuará descendiendo en importancia.

No podemos continuar con el cinismo de decir que no se puede tener empresas estatales cuando desde los años noventas las empresas estatales existen y peso a todos los problemas siguen entregando utilidades, aunque las aten de manos y las utilicen como siempre para fines políticos. Necesitamos definiciones.

Una política de Estado al 2040

En los últimos años existe una extensa discusión sobre si el Perú tiene o no una política energética nacional de largo plazo. Este cuestionamiento ha sido permanentemente utilizado por críticos del gobierno, sobre todo en temas controversiales como Camisea y el acuerdo energético con Brasil para desarrollar centrales hidroeléctricas en la selva.

Por ello, el actual ministro Pedro Sánchez ha decidido dar el paso delineando una política energética nacional al año 2040. Así, el Ministerio de Energía y Minas publicó su “Propuesta de política energética de Estado del Perú del 2010 al 2040”, con el pedido de recibir aportes a la misma desde la sociedad.

El capítulo de ingeniería eléctrica del Colegio de Ingenieros de Lima, por su parte, organizó el foro debate sobre la propuesta de política de Estado, que contó con la presencia de los ex ministros de energía y minas Juan Inchaustegui (gobierno de Acción Popular), Abel Salinas (primer gobierno aprista), Daniel Hokama (gobierno de Fujimori) y Carlos Herrera (gobierno de transición de Paniagua).

En dicho evento, si bien se expresaron múltiples críticas y valiosos aportes a la propuesta planteada, la principal conclusión fue: plantear una política de Estado no se hace para un periodo de gobierno (5 años), sino para mantenerse por lo menos unos 20 años, tiempo mínimo en el cual se podrán apreciar los resultados la política de Estado. Esto requiere un consenso amplio entre los actores políticos que llevarán los destinos del país en los próximos años. Sin embargo, la política energética debe responder no sólo a un consenso sobre la materia, sino, principalmente a las metas que el Estado peruano se plantee para el futuro de largo plazo.

Lamentablemente, las miradas de largo plazo y los consensos políticos de temas estructurales tan importantes como el uso de los recursos naturales y aspectos medio ambientales derivados de actividades energéticas no son parte del debate político nacional.

La política energética debe estar enmarcada en un debate político mayor sobre el modelo o modelos de desarrollo que buscamos y que “debería estar en el centro de las propuestas de los candidatos a las elecciones regionales, locales y presidenciales de este año y del próximo”, como bien anotaba Martín Tanaka en uno de sus últimos artículos.

Por ejemplo, en el caso de los cuestionamientos al proyecto Camisea se dan en todas sus etapas: las reservas no parecen ser suficientes en el largo plazo y hay cifras para todos los gustos, los precios internacionales actuales configuran un precio en boca de pozo mucho menor para la exportación que para el mercado interno; la capacidad de transporte contratada ha sido mucho menor que la demanda real, por ello hoy falta capacidad de transporte; todos los usuarios eléctricos pagaron el gasoducto que ahora el consorcio Camisea utiliza para exportar gas; el avance en la masificación del gas natural en las zonas urbanas es ínfimo; no se ha dado la prioridad para la llegada del gas natural a la zona Sur, etc., todo esto expresa para muchos la falta de una política energética nacional.

Lo positivo es que, por lo menos, un sector del Ejecutivo se ha animado a iniciar un debate nacional sobre recursos “estratégicos” como la energía, y esperamos que en los próximos meses, a medida que se acercan las elecciones, este se multiplique, ganando además importancia y notoriedad. Sin embargo, vemos que lo que ocurre en el sector energía es la excepción a la regla, pues los debates que buscan consensos políticos y consolidar políticas de Estado están ausentes.

Por el contrario, nosotros consideramos que pedir este tipo de debates sobre temas centrales para el país es un deber ciudadano. ¿Acaso es mucho pedir?

El tema Camisea tiene para rato

Estas últimas semanas el tema Camisea ha sido extensamente comentado en medios como periódicos, radio y televisión. A pesar de la cobertura, poco ha quedado claro para la mayoría de los ciudadanos. Camisea tiene múltiples aristas, cada una más complicada que la otra.

Empezamos con las reservas y el carnaval de cifras que tenemos desde el inicio del proyecto, sin que, lamentablemente, quede claro si hay o no suficiente gas natural para abastecer el mercado interno y la exportación. El cuestionamiento en este punto es: si hay suficientes reservas, ¿por qué el consorcio Camisea no firma nuevos contratos de abastecimiento con las empresas industriales y otros usos como generación eléctrica y petroquímica?

El transporte de gas natural tiene como principal cuestionamiento el que dicho ducto fue prácticamente financiado por todos los usuarios eléctricos (nadie nos preguntó si estábamos de acuerdo) lo cierto es que todos los usuarios de electricidad pagamos el ducto con la promesa de que con dicho pago veríamos reducidas nuestras facturas de electricidad en el futuro. Los números indican que esa promesa fue cumplida, pues con la llegada del gas natural hoy pagamos menos por la electricidad si comparamos los pagos de antes del proyecto Camisea ¿El consorcio debería usar para la exportación el ducto que pagamos los peruanos?

En la fase de distribución se cuestiona que a la empresa distribuidora (Calidda) no se le ha exigido aun ejecutar una agresiva campaña de conexiones domiciliarias, pues el número de usuarios residenciales es bajo. En nuestros hogares todavía no tenemos el beneficio directo de este recurso.

En el caso del uso del gas natural para generación eléctrica, en su mayoría es utilizado en centrales de ciclo simple de baja eficiencia y no en centrales de ciclo combinado cuya eficiencia es mayor. Es decir, se está quemando gas natural y se está desperdiciando buena cantidad de este debido a la baja eficiencia de las centrales térmicas. También se cuestiona el hecho que gran parte de la generación eléctrica a gas natural está concentrada en la zona de Chilca y no distribuida a lo largo el ducto.

Sobre los gasoductos regionales, está claro que las regiones quieren los beneficios para sus industrias, parque automotor y electricidad. Sin embargo, dicho reclamo no es inmediatamente satisfecho por la empresa privada, pues para la construcción de gasoductos se requiere una certeza mínima sobre el consumo total esperado. Lamentablemente las empresas no pueden invertir a la velocidad que reclama la ciudadanía de la macrorregión Sur.

Está claro que Camisea, a pesar de todos sus defectos, ha traído cosas positivas para el país; sin embargo, como siempre, después de escrita la historia vemos que pudo haberse hecho las cosas mejor.

Queda claro que el gobierno peruano tiene poca capacidad de decisión sobre el uso y destino de los recursos naturales, en particular de los recursos hidrocarburíferos. Y, por otro lado, las empresas privadas como no tienen porqué responder a los reclamos populares (como el de la macrorregión sur) responden únicamente a sus intereses comerciales y no a los requerimientos de los ciudadanos.

Finalmente, nos queda claro que Camisea no sería posible sin el capital privado que invirtió en grandes cantidades; no obstante, consideramos que se debió planificar mejor el proyecto como, por ejemplo, haber regulado mejor y exigido más a los inversionistas.

Sin dudas Camisea será durante esta campaña 2010 y la siguiente un tema político para la oposición, esperemos que el tratamiento del mismo no sea para azuzar la violencia y el rechazo destemplado a la inversión privada, sino para iniciar un debate nacional sobre el uso de nuestros recursos.

Gas natural de Camisea un problema político

En nuestro post del 28 de Abril habíamos advertido del inicio en Mayo de la exportación del gas natural de Camisea y enfocamos el problema desde la perspectiva de la política energética nacional.

El tema del gas de Camisea siempre ha sido polémico, no sólo ahora, sino desde sus inicios. Shell lo descubrió en 1984, mientras buscaba petróleo y por mala suerte encontró gas natural. Después de frustradas y extensas negociaciones (hasta 1998), se fue sin explotarlo porque el gobierno de aquel entonces no aceptó sus condiciones, que ya incluían la exportación, pues el mercado interno de gas natural era inexistente y la forma de hacer viable el proyecto era la exportación al Brasil.

Al abandonar Shell el proyecto, revirtió al Estado peruano toda su inversión, entre 300 y 400 millones de dólares en exploración nos quedaron de “regalo”. Por eso los precios del lote 88 son baratos, fijados en su momento en 1 US$ por millón de BTU (MMBTU) actualizable.

A fines del gobierno de Fujimori se emitió la Ley de Promoción del Desarrollo de la Industria del Gas Natural y su Reglamento. El proceso culminó durante el gobierno de Paniagua siendo ministro Carlos Herrera Descalzi. Inicialmente, el reglamento establecía un horizonte permanente de 20 años de abastecimiento interno, es decir, cada año había que asegurar 20 años futuros. Sin embargo, en el año 2003 dicho artículo fue modificado, cambiando el horizonte permanente por uno fijo de 20 años, calculando el horizonte en la fecha de establecido el contrato de exportación, con esta modificación se hizo posible el contrato con Perú LNG para exportar el gas de Camisea.

¿Cuándo ocurrió esto y no nos dimos cuenta? durante el gobierno de Toledo (10% de intención de voto) y siendo ministros Hans Flury y luego Jaime Quijandría este último señalado de un supuesto lobby con Kuczynski (5%).

Entonces, el propio Estado peruano modificó las normas para permitir la exportación del gas natural, ahora podría hacer lo mismo para revertir dicha situación, sólo es cuestión de voluntad política.

La última vez que el actual ministro Pedro Sanchez fue interpelado en el congreso hubieron voces pidiendo declarar inconstitucional las modificatorias realizadas en el gobierno de Toledo y volver al horizonte permanente de 20 años. Con ello se volvería a asegurar el mercado interno y sólo se exportaría aquel gas que “sobre” después de atender al mercado interno.El tema del gas natural antes que un asunto técnico, es un tema político. Hoy los gobiernos regionales del sur reclaman (antes también lo han hecho sin ser escuchados) con justicia los beneficios de un recurso natural que nos pertenece a todos pero que por ahora sólo disfruta Lima. Tampoco son los primeros que reclaman, durante estos años y mientras se construía la planta de exportación hubieron diversas voces de alerta, incluido el reclamo de los gobiernos regionales, pero recién hoy, teniendo en frente la exportación (Mayo) y las elecciones del 2010 y 2011 el asunto recobra sospechosa relevancia.Este asunto por su connotación política es una “bomba de tiempo” que será utilizada no sólo con fines políticos electorales regionales sino también por aquellos que buscan convertir nuestro país en una sucursal más de proyectos foráneos (Venezuela) disfrazados de “nacionalistas” o por aquellos que escudados en el respeto a la “estabilidad jurídica” (ya vimos que se modificó las normas sin ningún problema) venden nuestros recursos a intereses privados también extranjeros.Definitivamente, Camisea es un tema para la campaña electoral del 2010 y 2011, por más que Velásquez Quesquén pida que no se use el tema “políticamente”, acaso ¿Camisea no es de todos y lo pagamos todos?

¿Hay o no hay política energética en el Perú?

En mayo se iniciará la exportación de gas natural de Camisea hacia el mercado mexicano y/o norteamericano. La planta de liquefacción desde donde será exportado se encuentra concluida y representa una inversión de unos 3000 millones de dólares.

Las reservas probadas son 8.8 TCF (trillones de pies cúbicos) de los cuales 4.2 TCF están comprometidos para la exportación, es decir, la mitad de las reservas. El último informe de la certificadora Gaffney, Cline & Associates de 2009 indica que las reservas probadas de gas natural se encuentran comprometidas casi en su totalidad entre el mercado interno y la exportación; por ello, el consorcio Camisea no ha firmado nuevos contratos con los industriales nacionales que quieren utilizar el gas como combustible para sus procesos, y solo han accedido ante las presiones a realizar una subasta de 80 MMPCD, que es insuficiente para abastecer la demanda.

En resumen, el proyecto del gas natural de Camisea (I y II) está orientado casi en un 50% hacia la exportación, lo que implica que el mercado interno no sería abastecido en el futuro. ¿Por qué vendemos al exterior el gas natural si no tenemos mayores reservas descubiertas que permitan autoabastecernos? ¿Se logrará destinar al mercado interno nuevamente lo comprometido para exportación? Esto dependerá de nuestras élites de gobierno.

Así, ha quedado en suspenso los proyectos de gasoductos regionales hacia Chimbote y principalmente el gasoducto sur (proyecto Kuntur) que abastecería de gas a esa parte del país. La respuesta ha venido de los gobiernos regionales del sur, quienes exigen que se asegure el suministro a este proyecto, pues Camisea abastece casi exclusivamente a Lima y ninguna región del sur se beneficia del gas, ni siquiera el Cusco.

La exportación fue promovida en el gobierno de Toledo y en particular durante la gestión de los ministros Quijandría y Kuczynski, cambiándose en esa época la antigua ley que aseguraba el abastecimiento interno antes que la exportación, al señalar que sólo se podía exportar gas si antes se aseguraba el abastecimiento interno por un horizonte permanente de 20 años.

Se puede decir que no existe una política energética en el Perú que permita el uso eficiente de los recursos energéticos, la seguridad de abastecimiento y, sobre todo, la sostenibilidad a largo plazo del sector. Sin embargo, sí existe una política que orienta el actuar del Estado y los agentes en una economía de mercado: esta propone dejar al libre mercado y los agentes privados tomar las decisiones de inversión, asegurándole para ello todos los mecanismos para su rápido y fácil desarrollo.

Este modelo ha generado retrasos en la disponibilidad de infraestructura de energía y también conflictos sociales, estos últimos debido a la explotación de recursos como el Petróleo, el gas de Camisea o el agua en el caso de centrales hidroeléctricas como la del Mantaro, Pucará en Cusco y más recientemente el proyecto Inambari.

Por ello, es necesario buscar nuevos mecanismos legales y técnicos que permitan planificar el sector energía, de forma tal que se logre un consenso nacional acerca del uso de los recursos que poseemos, la forma en la que serán explotados y asegurar la sostenibilidad del sector en el largo plazo.

La política energética nacional debe pasar de ser menos implícita y más explícita ya que la experiencia nos ha demostrado que las fuerzas del mercado en un país como el nuestro son insuficientes para asegurar un desarrollo sostenible, con cuidado del medio ambiente, con eficiencia en el uso de los recursos y manteniendo la seguridad de abastecimiento nacional.