Las reservas probadas son 8.8 TCF (trillones de pies cúbicos) de los cuales 4.2 TCF están comprometidos para la exportación, es decir, la mitad de las reservas. El último informe de la certificadora Gaffney, Cline & Associates de 2009 indica que las reservas probadas de gas natural se encuentran comprometidas casi en su totalidad entre el mercado interno y la exportación; por ello, el consorcio Camisea no ha firmado nuevos contratos con los industriales nacionales que quieren utilizar el gas como combustible para sus procesos, y solo han accedido ante las presiones a realizar una subasta de 80 MMPCD, que es insuficiente para abastecer la demanda.
En resumen, el proyecto del gas natural de Camisea (I y II) está orientado casi en un 50% hacia la exportación, lo que implica que el mercado interno no sería abastecido en el futuro. ¿Por qué vendemos al exterior el gas natural si no tenemos mayores reservas descubiertas que permitan autoabastecernos? ¿Se logrará destinar al mercado interno nuevamente lo comprometido para exportación? Esto dependerá de nuestras élites de gobierno.
Así, ha quedado en suspenso los proyectos de gasoductos regionales hacia Chimbote y principalmente el gasoducto sur (proyecto Kuntur) que abastecería de gas a esa parte del país. La respuesta ha venido de los gobiernos regionales del sur, quienes exigen que se asegure el suministro a este proyecto, pues Camisea abastece casi exclusivamente a Lima y ninguna región del sur se beneficia del gas, ni siquiera el Cusco.
La exportación fue promovida en el gobierno de Toledo y en particular durante la gestión de los ministros Quijandría y Kuczynski, cambiándose en esa época la antigua ley que aseguraba el abastecimiento interno antes que la exportación, al señalar que sólo se podía exportar gas si antes se aseguraba el abastecimiento interno por un horizonte permanente de 20 años.
Se puede decir que no existe una política energética en el Perú que permita el uso eficiente de los recursos energéticos, la seguridad de abastecimiento y, sobre todo, la sostenibilidad a largo plazo del sector. Sin embargo, sí existe una política que orienta el actuar del Estado y los agentes en una economía de mercado: esta propone dejar al libre mercado y los agentes privados tomar las decisiones de inversión, asegurándole para ello todos los mecanismos para su rápido y fácil desarrollo.
Este modelo ha generado retrasos en la disponibilidad de infraestructura de energía y también conflictos sociales, estos últimos debido a la explotación de recursos como el Petróleo, el gas de Camisea o el agua en el caso de centrales hidroeléctricas como la del Mantaro, Pucará en Cusco y más recientemente el proyecto Inambari.
Por ello, es necesario buscar nuevos mecanismos legales y técnicos que permitan planificar el sector energía, de forma tal que se logre un consenso nacional acerca del uso de los recursos que poseemos, la forma en la que serán explotados y asegurar la sostenibilidad del sector en el largo plazo.
La política energética nacional debe pasar de ser menos implícita y más explícita ya que la experiencia nos ha demostrado que las fuerzas del mercado en un país como el nuestro son insuficientes para asegurar un desarrollo sostenible, con cuidado del medio ambiente, con eficiencia en el uso de los recursos y manteniendo la seguridad de abastecimiento nacional.
