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sábado, 24 de julio de 2010

El acceso a los servicios un derecho vital de un ciudadano.

Estas reflexiones de fiestas patrias giran en torno a aquellas cosas materiales y fundamentales que los habitantes de nuestro Perú requieren para poder vivir en libertad, potenciar sus capacidades al máximo y tener acceso efectivo a oportunidades de desarrollo.

Durante estos meses de frío se repiten las noticias sobre el número de personas, en particular niños, que mueren antes de tiempo a causa del friaje. Es irrazonable que las poblaciones más vulnerables al frío, no tengan acceso al calor. Asimismo, sus viviendas precarias no les permiten mantenerse abrigados, menos aún a los animales que crían. Las heladas diezman sus pocos recursos y sus vidas.

De otra parte, en los países del hemisferio norte el acceso a calefacción durante el invierno es un elemento primordial y un derecho en los hogares. Un clima extremo, por debajo del cero grados, les obliga a tener casas diseñadas especialmente para dicho clima y un sistema de calefacción interno.

En nuestro país, el acceso a la electricidad beneficia al 80% de la población nacional, siendo el acceso rural poco menos del 45%; con ello, casi 5 millones de personas no cuentan con energía eléctrica . En la selva, el combustible que usan los famosos “peque peque” es costoso y de vital importancia, pues de ello depende el transporte de personas y productos a través de los ríos.

Como se aprecia, las asimetrías entre lo urbano y rural se repiten. Los esfuerzos llevados a cabo todavía son insuficientes, aunque tengamos un sistema de subsidio cruzado en electricidad por el cual cada consumidor de electricidad urbano subsidia parcialmente el consumo de poblaciones rurales, atendiendo su poca capacidad de pago y consumo.

Es cierto que son importantes los esfuerzos de muchos ciudadanos de realizar campañas de “abrigo” contra el frío. Sin embargo, más importante es exigir del gobierno y también a las universidades, soluciones prácticas para mejorar la calidad de las viviendas, acceso a electricidad para poder leer y calor para abrigo. En esto, los profesionales tenemos la capacidad y responsabilidad de utilizar nuestros conocimientos para retribuir al país y sus ciudadanos lo que hemos recibido.

Así, en esta celebración de nuestra independencia, en que nos afirmamos en la construcción de un país con mínimos comunes e igualdad de oportunidades para todos, no podemos seguir condenando a tantos compatriotas a morir de frío y, por otro lado exportando gas natural a otros países. Esta contradicción es un signo de para quienes se gobierna y se ha venido gobernando, de quiénes tienen la capacidad de disponer del recurso energético para su beneficio económico y de quiénes no lo tienen ni siquiera para poder vivir.

Como partido consideramos que no es posible una verdadera libertad sin que todos tengamos acceso a mínimos básicos que nos permitan decidir el proyecto de vida de cada uno. Por ello, cualquier plan de gobierno que Constructores Perú proponga y apoye deberá prever el acceso universal a los servicios básicos como la electricidad y el calor.

Como meta al 2021 debemos asegurar que todo habitante de nuestro país no muera de frío o por incapacidad de transportarse a un centro de salud cercano. Mientras no solucionemos asuntos tan vitales como el acceso a una vivienda digna para todos, mientras no todos tengamos acceso al calor para poder vivir, mientras no tengamos libertad para transportarnos libremente en el país, no podremos declararnos ciudadanos libres e independientes. Ello depende de la voluntad general de la población, pero, sobre todo, de la voluntad política de nuestros gobernantes.

miércoles, 12 de mayo de 2010

Gas natural de Camisea un problema político




En nuestro post del 28 de Abril habíamos advertido del inicio en Mayo de la exportación del gas natural de Camisea y enfocamos el problema desde la perspectiva de la política energética nacional.

El tema del gas de Camisea siempre ha sido polémico, no sólo ahora, sino desde sus inicios. Shell lo descubrió en 1984, mientras buscaba petróleo y por mala suerte encontró gas natural. Después de frustradas y extensas negociaciones (hasta 1998), se fue sin explotarlo porque el gobierno de aquel entonces no aceptó sus condiciones, que ya incluían la exportación, pues el mercado interno de gas natural era inexistente y la forma de hacer viable el proyecto era la exportación al Brasil.

Al abandonar Shell el proyecto, revirtió al Estado peruano toda su inversión, entre 300 y 400 millones de dólares en exploración nos quedaron de “regalo”. Por eso los precios del lote 88 son baratos, fijados en su momento en 1 US$ por millón de BTU (MMBTU) actualizable.

A fines del gobierno de Fujimori se emitió la Ley de Promoción del Desarrollo de la Industria del Gas Natural y su Reglamento. El proceso culminó durante el gobierno de Paniagua siendo ministro Carlos Herrera Descalzi. Inicialmente, el reglamento establecía un horizonte permanente de 20 años de abastecimiento interno, es decir, cada año había que asegurar 20 años futuros. Sin embargo, en el año 2003 dicho artículo fue modificado, cambiando el horizonte permanente por uno fijo de 20 años, calculando el horizonte en la fecha de establecido el contrato de exportación, con esta modificación se hizo posible el contrato con Perú LNG para exportar el gas de Camisea.

¿Cuándo ocurrió esto y no nos dimos cuenta? durante el gobierno de Toledo (10% de intención de voto) y siendo ministros Hans Flury y luego Jaime Quijandría este último señalado de un supuesto lobby con Kuczynski (5%).

Entonces, el propio Estado peruano modificó las normas para permitir la exportación del gas natural, ahora podría hacer lo mismo para revertir dicha situación, sólo es cuestión de voluntad política.

La última vez que el actual ministro Pedro Sanchez fue interpelado en el congreso hubieron voces pidiendo declarar inconstitucional las modificatorias realizadas en el gobierno de Toledo y volver al horizonte permanente de 20 años. Con ello se volvería a asegurar el mercado interno y sólo se exportaría aquel gas que “sobre” después de atender al mercado interno.El tema del gas natural antes que un asunto técnico, es un tema político. Hoy los gobiernos regionales del sur reclaman (antes también lo han hecho sin ser escuchados) con justicia los beneficios de un recurso natural que nos pertenece a todos pero que por ahora sólo disfruta Lima. Tampoco son los primeros que reclaman, durante estos años y mientras se construía la planta de exportación hubieron diversas voces de alerta, incluido el reclamo de los gobiernos regionales, pero recién hoy, teniendo en frente la exportación (Mayo) y las elecciones del 2010 y 2011 el asunto recobra sospechosa relevancia.Este asunto por su connotación política es una “bomba de tiempo” que será utilizada no sólo con fines políticos electorales regionales sino también por aquellos que buscan convertir nuestro país en una sucursal más de proyectos foráneos (Venezuela) disfrazados de “nacionalistas” o por aquellos que escudados en el respeto a la “estabilidad jurídica” (ya vimos que se modificó las normas sin ningún problema) venden nuestros recursos a intereses privados también extranjeros.Definitivamente, Camisea es un tema para la campaña electoral del 2010 y 2011, por más que Velásquez Quesquén pida que no se use el tema “políticamente”, acaso ¿Camisea no es de todos y lo pagamos todos?

miércoles, 28 de abril de 2010

¿Hay o no hay política energética en el Perú?

En mayo se iniciará la exportación de gas natural de Camisea hacia el mercado mexicano y/o norteamericano. La planta de liquefacción desde donde será exportado se encuentra concluida y representa una inversión de unos 3000 millones de dólares.

Las reservas probadas son 8.8 TCF (trillones de pies cúbicos) de los cuales 4.2 TCF están comprometidos para la exportación, es decir, la mitad de las reservas. El último informe de la certificadora Gaffney, Cline & Associates de 2009 indica que las reservas probadas de gas natural se encuentran comprometidas casi en su totalidad entre el mercado interno y la exportación; por ello, el consorcio Camisea no ha firmado nuevos contratos con los industriales nacionales que quieren utilizar el gas como combustible para sus procesos, y solo han accedido ante las presiones a realizar una subasta de 80 MMPCD, que es insuficiente para abastecer la demanda.

En resumen, el proyecto del gas natural de Camisea (I y II) está orientado casi en un 50% hacia la exportación, lo que implica que el mercado interno no sería abastecido en el futuro. ¿Por qué vendemos al exterior el gas natural si no tenemos mayores reservas descubiertas que permitan autoabastecernos? ¿Se logrará destinar al mercado interno nuevamente lo comprometido para exportación? Esto dependerá de nuestras élites de gobierno.

Así, ha quedado en suspenso los proyectos de gasoductos regionales hacia Chimbote y principalmente el gasoducto sur (proyecto Kuntur) que abastecería de gas a esa parte del país. La respuesta ha venido de los gobiernos regionales del sur, quienes exigen que se asegure el suministro a este proyecto, pues Camisea abastece casi exclusivamente a Lima y ninguna región del sur se beneficia del gas, ni siquiera el Cusco.

La exportación fue promovida en el gobierno de Toledo y en particular durante la gestión de los ministros Quijandría y Kuczynski, cambiándose en esa época la antigua ley que aseguraba el abastecimiento interno antes que la exportación, al señalar que sólo se podía exportar gas si antes se aseguraba el abastecimiento interno por un horizonte permanente de 20 años.

Se puede decir que no existe una política energética en el Perú que permita el uso eficiente de los recursos energéticos, la seguridad de abastecimiento y, sobre todo, la sostenibilidad a largo plazo del sector. Sin embargo, sí existe una política que orienta el actuar del Estado y los agentes en una economía de mercado: esta propone dejar al libre mercado y los agentes privados tomar las decisiones de inversión, asegurándole para ello todos los mecanismos para su rápido y fácil desarrollo.

Este modelo ha generado retrasos en la disponibilidad de infraestructura de energía y también conflictos sociales, estos últimos debido a la explotación de recursos como el Petróleo, el gas de Camisea o el agua en el caso de centrales hidroeléctricas como la del Mantaro, Pucará en Cusco y más recientemente el proyecto Inambari.

Por ello, es necesario buscar nuevos mecanismos legales y técnicos que permitan planificar el sector energía, de forma tal que se logre un consenso nacional acerca del uso de los recursos que poseemos, la forma en la que serán explotados y asegurar la sostenibilidad del sector en el largo plazo.

La política energética nacional debe pasar de ser menos implícita y más explícita ya que la experiencia nos ha demostrado que las fuerzas del mercado en un país como el nuestro son insuficientes para asegurar un desarrollo sostenible, con cuidado del medio ambiente, con eficiencia en el uso de los recursos y manteniendo la seguridad de abastecimiento nacional.