Producción diaria por fuentes en el SEIN por central de generación electricidad con datos de COES

Producción por fuentes

CAMISEA AL ROJO VIVO

El paro indefinido iniciado el 27 de julio en el distrito de Echarate, provincia de La Convención, en Cusco, se agrava. El Gobierno ha declarado el estado de emergencia en la zona con el fin de contener las protestas. Hay denuncias desde el Ejecutivo indicando que los actores políticos (alcaldes que buscan reelección) son quienes promueven este paro, con dinero estatal.

Como habíamos afirmado, el tema de Camisea es un tema político y también económico. Hace unos días comentamos también la necesidad de establecer una política energética nacional y los intentos del actual ministro por delinear una política energética de largo plazo.

Sin embargo, lo que ocurre ahora pertenece a un ámbito de la política de corto plazo, la política electoral. Las bombas de tiempo político-sociales como Camisea se han construido sobre la base de dos aspectos no atendidos en su momento (por falta de una política de largo plazo).

El primero es la falta de inclusión, desde inicios del proyecto, de todos los actores sociales. Como anotamos en nuestro boletín de Fiestas Patrias, la contradicción de exportar gas natural y dejar sin el recurso a quienes lo necesitan para abrigarse y desarrollarse es un factor importantísimo que no ha sido atendido.

El segundo aspecto es el manejo equivocado del gobierno, que ha preferido mediante su política del perro del hortelano denunciar a todos aquellos que se “oponen” a la inversión privada, de estar contra el progreso y con ello polarizando cada vez más los conflictos.

Lamentablemente, la política de Estado aplicada desde las reformas de los años noventas, no toman en cuenta estos dos aspectos. La política implantada ha buscado la fórmula directa de un Estado que facilita la inversión privada para la explotación de recursos naturales. La experiencia nos indica que este modelo no es suficiente para hacer gobernable un país, pues no toma en cuenta a los actores sociales y poblaciones ni tampoco a los actores políticos con quienes se debió de establecer consensos. Por ello, es natural que un actor político en confrontación y ávido de poder conjugue sus expectativas con las demandas de una población desatendida. Bagua, nos ha demostrado que no atender estos aspectos en su debido momento atenta contra la paz y la vida de los ciudadanos.

El Estado gobierna con predilección para las transnacionales y deja de lado los problemas sociales esperando que con el canon sean los gobiernos locales quienes resuelvan todas las necesidades de sus poblaciones. La verdad es que hay muchos aspectos deben ser atendidos directamente desde el gobierno central como son el acceso a servicios públicos.

La “defensa” de un recurso estratégico frente a su exportación es una causa atendible y razonable, la Sociedad Nacional de Industrias se ha pronunciado al respecto, señalando las contradicciones del proyecto Camisea. Se hace necesario promover el debate sobre el modelo de desarrollo del Perú y enmarcar en él el uso de recursos estratégicos como el gas natural.

La falta de un consenso político sobre el uso de los recursos naturales entre el Estado, los partidos políticos, las empresas y las poblaciones de las zonas de explotación, incuba conflictos sociales como el que se vive en Cusco, poniendo en riesgo la vida de miles de peruanos pero también socavando más nuestra precaria democracia, confrontado al Estado con sus ciudadanos. ¿De lado de quién debería estar el Estado? ¿De quienes explotan el recurso para un beneficio económico ó de quienes son sus industriales y sus ciudadanos? Esperamos que no sea un nuevo “Baguazo” y tengamos que lamentar más muertes de compatriotas habitantes del mismo país, el Perú.

El acceso a los servicios un derecho vital de un ciudadano.

Estas reflexiones de fiestas patrias giran en torno a aquellas cosas materiales y fundamentales que los habitantes de nuestro Perú requieren para poder vivir en libertad, potenciar sus capacidades al máximo y tener acceso efectivo a oportunidades de desarrollo.

Durante estos meses de frío se repiten las noticias sobre el número de personas, en particular niños, que mueren antes de tiempo a causa del friaje. Es irrazonable que las poblaciones más vulnerables al frío, no tengan acceso al calor. Asimismo, sus viviendas precarias no les permiten mantenerse abrigados, menos aún a los animales que crían. Las heladas diezman sus pocos recursos y sus vidas.

De otra parte, en los países del hemisferio norte el acceso a calefacción durante el invierno es un elemento primordial y un derecho en los hogares. Un clima extremo, por debajo del cero grados, les obliga a tener casas diseñadas especialmente para dicho clima y un sistema de calefacción interno.

En nuestro país, el acceso a la electricidad beneficia al 80% de la población nacional, siendo el acceso rural poco menos del 45%; con ello, casi 5 millones de personas no cuentan con energía eléctrica . En la selva, el combustible que usan los famosos “peque peque” es costoso y de vital importancia, pues de ello depende el transporte de personas y productos a través de los ríos.

Como se aprecia, las asimetrías entre lo urbano y rural se repiten. Los esfuerzos llevados a cabo todavía son insuficientes, aunque tengamos un sistema de subsidio cruzado en electricidad por el cual cada consumidor de electricidad urbano subsidia parcialmente el consumo de poblaciones rurales, atendiendo su poca capacidad de pago y consumo.

Es cierto que son importantes los esfuerzos de muchos ciudadanos de realizar campañas de “abrigo” contra el frío. Sin embargo, más importante es exigir del gobierno y también a las universidades, soluciones prácticas para mejorar la calidad de las viviendas, acceso a electricidad para poder leer y calor para abrigo. En esto, los profesionales tenemos la capacidad y responsabilidad de utilizar nuestros conocimientos para retribuir al país y sus ciudadanos lo que hemos recibido.

Así, en esta celebración de nuestra independencia, en que nos afirmamos en la construcción de un país con mínimos comunes e igualdad de oportunidades para todos, no podemos seguir condenando a tantos compatriotas a morir de frío y, por otro lado exportando gas natural a otros países. Esta contradicción es un signo de para quienes se gobierna y se ha venido gobernando, de quiénes tienen la capacidad de disponer del recurso energético para su beneficio económico y de quiénes no lo tienen ni siquiera para poder vivir.

Como partido consideramos que no es posible una verdadera libertad sin que todos tengamos acceso a mínimos básicos que nos permitan decidir el proyecto de vida de cada uno. Por ello, cualquier plan de gobierno que Constructores Perú proponga y apoye deberá prever el acceso universal a los servicios básicos como la electricidad y el calor.

Como meta al 2021 debemos asegurar que todo habitante de nuestro país no muera de frío o por incapacidad de transportarse a un centro de salud cercano. Mientras no solucionemos asuntos tan vitales como el acceso a una vivienda digna para todos, mientras no todos tengamos acceso al calor para poder vivir, mientras no tengamos libertad para transportarnos libremente en el país, no podremos declararnos ciudadanos libres e independientes. Ello depende de la voluntad general de la población, pero, sobre todo, de la voluntad política de nuestros gobernantes.

El tema Camisea tiene para rato

Estas últimas semanas el tema Camisea ha sido extensamente comentado en medios como periódicos, radio y televisión. A pesar de la cobertura, poco ha quedado claro para la mayoría de los ciudadanos. Camisea tiene múltiples aristas, cada una más complicada que la otra.

Empezamos con las reservas y el carnaval de cifras que tenemos desde el inicio del proyecto, sin que, lamentablemente, quede claro si hay o no suficiente gas natural para abastecer el mercado interno y la exportación. El cuestionamiento en este punto es: si hay suficientes reservas, ¿por qué el consorcio Camisea no firma nuevos contratos de abastecimiento con las empresas industriales y otros usos como generación eléctrica y petroquímica?

El transporte de gas natural tiene como principal cuestionamiento el que dicho ducto fue prácticamente financiado por todos los usuarios eléctricos (nadie nos preguntó si estábamos de acuerdo) lo cierto es que todos los usuarios de electricidad pagamos el ducto con la promesa de que con dicho pago veríamos reducidas nuestras facturas de electricidad en el futuro. Los números indican que esa promesa fue cumplida, pues con la llegada del gas natural hoy pagamos menos por la electricidad si comparamos los pagos de antes del proyecto Camisea ¿El consorcio debería usar para la exportación el ducto que pagamos los peruanos?

En la fase de distribución se cuestiona que a la empresa distribuidora (Calidda) no se le ha exigido aun ejecutar una agresiva campaña de conexiones domiciliarias, pues el número de usuarios residenciales es bajo. En nuestros hogares todavía no tenemos el beneficio directo de este recurso.

En el caso del uso del gas natural para generación eléctrica, en su mayoría es utilizado en centrales de ciclo simple de baja eficiencia y no en centrales de ciclo combinado cuya eficiencia es mayor. Es decir, se está quemando gas natural y se está desperdiciando buena cantidad de este debido a la baja eficiencia de las centrales térmicas. También se cuestiona el hecho que gran parte de la generación eléctrica a gas natural está concentrada en la zona de Chilca y no distribuida a lo largo el ducto.

Sobre los gasoductos regionales, está claro que las regiones quieren los beneficios para sus industrias, parque automotor y electricidad. Sin embargo, dicho reclamo no es inmediatamente satisfecho por la empresa privada, pues para la construcción de gasoductos se requiere una certeza mínima sobre el consumo total esperado. Lamentablemente las empresas no pueden invertir a la velocidad que reclama la ciudadanía de la macrorregión Sur.

Está claro que Camisea, a pesar de todos sus defectos, ha traído cosas positivas para el país; sin embargo, como siempre, después de escrita la historia vemos que pudo haberse hecho las cosas mejor.

Queda claro que el gobierno peruano tiene poca capacidad de decisión sobre el uso y destino de los recursos naturales, en particular de los recursos hidrocarburíferos. Y, por otro lado, las empresas privadas como no tienen porqué responder a los reclamos populares (como el de la macrorregión sur) responden únicamente a sus intereses comerciales y no a los requerimientos de los ciudadanos.

Finalmente, nos queda claro que Camisea no sería posible sin el capital privado que invirtió en grandes cantidades; no obstante, consideramos que se debió planificar mejor el proyecto como, por ejemplo, haber regulado mejor y exigido más a los inversionistas.

Sin dudas Camisea será durante esta campaña 2010 y la siguiente un tema político para la oposición, esperemos que el tratamiento del mismo no sea para azuzar la violencia y el rechazo destemplado a la inversión privada, sino para iniciar un debate nacional sobre el uso de nuestros recursos.

¿Hay o no hay política energética en el Perú?

En mayo se iniciará la exportación de gas natural de Camisea hacia el mercado mexicano y/o norteamericano. La planta de liquefacción desde donde será exportado se encuentra concluida y representa una inversión de unos 3000 millones de dólares.

Las reservas probadas son 8.8 TCF (trillones de pies cúbicos) de los cuales 4.2 TCF están comprometidos para la exportación, es decir, la mitad de las reservas. El último informe de la certificadora Gaffney, Cline & Associates de 2009 indica que las reservas probadas de gas natural se encuentran comprometidas casi en su totalidad entre el mercado interno y la exportación; por ello, el consorcio Camisea no ha firmado nuevos contratos con los industriales nacionales que quieren utilizar el gas como combustible para sus procesos, y solo han accedido ante las presiones a realizar una subasta de 80 MMPCD, que es insuficiente para abastecer la demanda.

En resumen, el proyecto del gas natural de Camisea (I y II) está orientado casi en un 50% hacia la exportación, lo que implica que el mercado interno no sería abastecido en el futuro. ¿Por qué vendemos al exterior el gas natural si no tenemos mayores reservas descubiertas que permitan autoabastecernos? ¿Se logrará destinar al mercado interno nuevamente lo comprometido para exportación? Esto dependerá de nuestras élites de gobierno.

Así, ha quedado en suspenso los proyectos de gasoductos regionales hacia Chimbote y principalmente el gasoducto sur (proyecto Kuntur) que abastecería de gas a esa parte del país. La respuesta ha venido de los gobiernos regionales del sur, quienes exigen que se asegure el suministro a este proyecto, pues Camisea abastece casi exclusivamente a Lima y ninguna región del sur se beneficia del gas, ni siquiera el Cusco.

La exportación fue promovida en el gobierno de Toledo y en particular durante la gestión de los ministros Quijandría y Kuczynski, cambiándose en esa época la antigua ley que aseguraba el abastecimiento interno antes que la exportación, al señalar que sólo se podía exportar gas si antes se aseguraba el abastecimiento interno por un horizonte permanente de 20 años.

Se puede decir que no existe una política energética en el Perú que permita el uso eficiente de los recursos energéticos, la seguridad de abastecimiento y, sobre todo, la sostenibilidad a largo plazo del sector. Sin embargo, sí existe una política que orienta el actuar del Estado y los agentes en una economía de mercado: esta propone dejar al libre mercado y los agentes privados tomar las decisiones de inversión, asegurándole para ello todos los mecanismos para su rápido y fácil desarrollo.

Este modelo ha generado retrasos en la disponibilidad de infraestructura de energía y también conflictos sociales, estos últimos debido a la explotación de recursos como el Petróleo, el gas de Camisea o el agua en el caso de centrales hidroeléctricas como la del Mantaro, Pucará en Cusco y más recientemente el proyecto Inambari.

Por ello, es necesario buscar nuevos mecanismos legales y técnicos que permitan planificar el sector energía, de forma tal que se logre un consenso nacional acerca del uso de los recursos que poseemos, la forma en la que serán explotados y asegurar la sostenibilidad del sector en el largo plazo.

La política energética nacional debe pasar de ser menos implícita y más explícita ya que la experiencia nos ha demostrado que las fuerzas del mercado en un país como el nuestro son insuficientes para asegurar un desarrollo sostenible, con cuidado del medio ambiente, con eficiencia en el uso de los recursos y manteniendo la seguridad de abastecimiento nacional.

Camisea: ¿gas para todos los peruanos?

Entrevista al Ministro de Energía y Minas - Pedro Sanchez