El acceso a los servicios un derecho vital de un ciudadano.

Estas reflexiones de fiestas patrias giran en torno a aquellas cosas materiales y fundamentales que los habitantes de nuestro Perú requieren para poder vivir en libertad, potenciar sus capacidades al máximo y tener acceso efectivo a oportunidades de desarrollo.

Durante estos meses de frío se repiten las noticias sobre el número de personas, en particular niños, que mueren antes de tiempo a causa del friaje. Es irrazonable que las poblaciones más vulnerables al frío, no tengan acceso al calor. Asimismo, sus viviendas precarias no les permiten mantenerse abrigados, menos aún a los animales que crían. Las heladas diezman sus pocos recursos y sus vidas.

De otra parte, en los países del hemisferio norte el acceso a calefacción durante el invierno es un elemento primordial y un derecho en los hogares. Un clima extremo, por debajo del cero grados, les obliga a tener casas diseñadas especialmente para dicho clima y un sistema de calefacción interno.

En nuestro país, el acceso a la electricidad beneficia al 80% de la población nacional, siendo el acceso rural poco menos del 45%; con ello, casi 5 millones de personas no cuentan con energía eléctrica . En la selva, el combustible que usan los famosos “peque peque” es costoso y de vital importancia, pues de ello depende el transporte de personas y productos a través de los ríos.

Como se aprecia, las asimetrías entre lo urbano y rural se repiten. Los esfuerzos llevados a cabo todavía son insuficientes, aunque tengamos un sistema de subsidio cruzado en electricidad por el cual cada consumidor de electricidad urbano subsidia parcialmente el consumo de poblaciones rurales, atendiendo su poca capacidad de pago y consumo.

Es cierto que son importantes los esfuerzos de muchos ciudadanos de realizar campañas de “abrigo” contra el frío. Sin embargo, más importante es exigir del gobierno y también a las universidades, soluciones prácticas para mejorar la calidad de las viviendas, acceso a electricidad para poder leer y calor para abrigo. En esto, los profesionales tenemos la capacidad y responsabilidad de utilizar nuestros conocimientos para retribuir al país y sus ciudadanos lo que hemos recibido.

Así, en esta celebración de nuestra independencia, en que nos afirmamos en la construcción de un país con mínimos comunes e igualdad de oportunidades para todos, no podemos seguir condenando a tantos compatriotas a morir de frío y, por otro lado exportando gas natural a otros países. Esta contradicción es un signo de para quienes se gobierna y se ha venido gobernando, de quiénes tienen la capacidad de disponer del recurso energético para su beneficio económico y de quiénes no lo tienen ni siquiera para poder vivir.

Como partido consideramos que no es posible una verdadera libertad sin que todos tengamos acceso a mínimos básicos que nos permitan decidir el proyecto de vida de cada uno. Por ello, cualquier plan de gobierno que Constructores Perú proponga y apoye deberá prever el acceso universal a los servicios básicos como la electricidad y el calor.

Como meta al 2021 debemos asegurar que todo habitante de nuestro país no muera de frío o por incapacidad de transportarse a un centro de salud cercano. Mientras no solucionemos asuntos tan vitales como el acceso a una vivienda digna para todos, mientras no todos tengamos acceso al calor para poder vivir, mientras no tengamos libertad para transportarnos libremente en el país, no podremos declararnos ciudadanos libres e independientes. Ello depende de la voluntad general de la población, pero, sobre todo, de la voluntad política de nuestros gobernantes.

Una política de Estado al 2040

En los últimos años existe una extensa discusión sobre si el Perú tiene o no una política energética nacional de largo plazo. Este cuestionamiento ha sido permanentemente utilizado por críticos del gobierno, sobre todo en temas controversiales como Camisea y el acuerdo energético con Brasil para desarrollar centrales hidroeléctricas en la selva.

Por ello, el actual ministro Pedro Sánchez ha decidido dar el paso delineando una política energética nacional al año 2040. Así, el Ministerio de Energía y Minas publicó su “Propuesta de política energética de Estado del Perú del 2010 al 2040”, con el pedido de recibir aportes a la misma desde la sociedad.

El capítulo de ingeniería eléctrica del Colegio de Ingenieros de Lima, por su parte, organizó el foro debate sobre la propuesta de política de Estado, que contó con la presencia de los ex ministros de energía y minas Juan Inchaustegui (gobierno de Acción Popular), Abel Salinas (primer gobierno aprista), Daniel Hokama (gobierno de Fujimori) y Carlos Herrera (gobierno de transición de Paniagua).

En dicho evento, si bien se expresaron múltiples críticas y valiosos aportes a la propuesta planteada, la principal conclusión fue: plantear una política de Estado no se hace para un periodo de gobierno (5 años), sino para mantenerse por lo menos unos 20 años, tiempo mínimo en el cual se podrán apreciar los resultados la política de Estado. Esto requiere un consenso amplio entre los actores políticos que llevarán los destinos del país en los próximos años. Sin embargo, la política energética debe responder no sólo a un consenso sobre la materia, sino, principalmente a las metas que el Estado peruano se plantee para el futuro de largo plazo.

Lamentablemente, las miradas de largo plazo y los consensos políticos de temas estructurales tan importantes como el uso de los recursos naturales y aspectos medio ambientales derivados de actividades energéticas no son parte del debate político nacional.

La política energética debe estar enmarcada en un debate político mayor sobre el modelo o modelos de desarrollo que buscamos y que “debería estar en el centro de las propuestas de los candidatos a las elecciones regionales, locales y presidenciales de este año y del próximo”, como bien anotaba Martín Tanaka en uno de sus últimos artículos.

Por ejemplo, en el caso de los cuestionamientos al proyecto Camisea se dan en todas sus etapas: las reservas no parecen ser suficientes en el largo plazo y hay cifras para todos los gustos, los precios internacionales actuales configuran un precio en boca de pozo mucho menor para la exportación que para el mercado interno; la capacidad de transporte contratada ha sido mucho menor que la demanda real, por ello hoy falta capacidad de transporte; todos los usuarios eléctricos pagaron el gasoducto que ahora el consorcio Camisea utiliza para exportar gas; el avance en la masificación del gas natural en las zonas urbanas es ínfimo; no se ha dado la prioridad para la llegada del gas natural a la zona Sur, etc., todo esto expresa para muchos la falta de una política energética nacional.

Lo positivo es que, por lo menos, un sector del Ejecutivo se ha animado a iniciar un debate nacional sobre recursos “estratégicos” como la energía, y esperamos que en los próximos meses, a medida que se acercan las elecciones, este se multiplique, ganando además importancia y notoriedad. Sin embargo, vemos que lo que ocurre en el sector energía es la excepción a la regla, pues los debates que buscan consensos políticos y consolidar políticas de Estado están ausentes.

Por el contrario, nosotros consideramos que pedir este tipo de debates sobre temas centrales para el país es un deber ciudadano. ¿Acaso es mucho pedir?

Son otros tiempos, pero siempre sometidos

En estos últimos meses y quizás con mayor fuerza en los últimos años, existen incontables movimientos “anti”. Todavía recuerdo quizás el primer gran movimiento “anti” de esta moda reciente. Ese movimiento se formó en torno por el rechazo al proyecto minero de Tambogrande. La campaña planteaba el reto de optar por utilizar el territorio para hacer una mina o para continuar utilizándolo como un valle fértil de limones. “Sin limón no hay ceviche” decían sus avisos que aparecieron pegados en las paredes de Lima.

¿Qué ha ocurrido desde aquella campaña hasta el día de hoy? Cuestiona el hecho de ver a ciudadanos de diversas zonas del país salir a marchar contra la construcción de una mina, contra la exploración ó explotación de hidrocarburos o, lo más llamativo, contra la construcción de hidroeléctricas.

Todavía tengo fresco el recuerdo de cómo hace unos pocos años atrás las poblaciones pedían a gritos al gobierno la construcción de su proyecto de una central eléctrica (hidro o térmica) para darle luz a sus poblaciones. Cada poblado quería tener su propia central hidroeléctrica, muchos dirigentes regionales impulsaban los proyectos para la construcción de centrales eléctricas para sus pueblos. Las autoridades contaban estos proyectos entre sus grandes logros y obras, ellos habían sido los ejecutores de la construcción de la central hidroeléctrica de la región o provincia o distrito y siempre quedaría grabado su nombre no sólo en la placa de inauguración sino también en la memoria de todo el electorado.

Sin embargo, la realidad actual es otra. Esos mismos pobladores que antaño luchaban por la construcción de proyectos de inversión en sus territorios, que aportaban faenas comunales de trabajo para lograr la ejecución, ahora marchan y reclaman en contra de su construcción. Sea lo que fuera, desde carreteras hasta hidroeléctricas, hoy se oponen; en el caso de minas e hidrocarburos es cierto nunca fueron “bien” vistas pero tampoco tenían una oposición tan vehemente y visible.

¿Es este un síntoma de haber ganado en ciudadanía, desarrollo y democracia? A veces pienso que estas oposiciones y colectivos no son más que expresiones caudillistas y de manipulación política de diversos intereses, sobre todo internacionales, como son los grupos conservacionistas, para quienes proteger y evitar cualquier impacto, aún sea mínimo, es su fin ultimo.

Por otra parte, el movimiento anti-minería, anti-hidrocarburos, anti-carretera y anti-hidroeléctricas asume el rol de la defensa de los intereses del “pueblo”, de ese “pueblo” que ha virado de intereses. Asumen ese rol defensor únicamente con el planteamiento de “conservar” las cosas como están pero no tienen alternativas de desarrollo ni tampoco plantean proyectos concretos y articulados para seguir la senda del desarrollo y superar la pobreza.

Parece que todavía respondemos a intereses de países ajenos europeos o Estados Unidos, tanto de su ala más a la derecha –pro libertad de mercados y capital– ó de movimientos “verdes” y “ecologistas”.

Los últimos buscan conservar en nuestros países aquellos recursos que sus países sí tuvieron la decisión y libertad de explotarlos, y con ello generar su desarrollo; sin embargo, a nosotros nos lo impiden vendiéndonos la idea de que “cuidamos el ambiente” o “protegemos la naturaleza”.

Nos hacen creer que esos problemas son de “todo el planeta” cuando la verdad es que son más de ellos que nuestros, pues esos países “desarrollados” emiten más del 60% de la contaminación del planeta y han devastado sus recursos naturales para tener el nivel de vida que tienen, mientras nosotros podemos seguir siendo pobres. Son ellos lo que no quieren parar el ritmo devastador de su estilo de vida y vienen a nuestros países a proteger finalmente sus propios intereses.