La energía, lo ambiental y los conflictos sociales

Hace unos días se llevó a cabo una reunión organizada por el Movimiento Ciudadano Contra el Cambio Climático (MOCCIC), Christian Aid, la Asociación Nacional de Centros (ANC), ITDG y Centro de Desarrollo Agropecuario (CEDAP), en la que se discutió la perspectiva de la sociedad civil frente a la revisión de la estrategia de energía del Banco Mundial. Los organismos internacionales como el Banco Mundial financian diversos proyectos en países como el Perú, siempre y cuando dichos proyectos cumplan con determinados lineamientos y orientaciones que el Banco tiene como guía. Los gobiernos como el peruano, que cuentan con poco presupuesto, requieren de ese financiamiento para poder ejecutar proyectos.

El sector energía en años recientes ha ido tomando en consideración a la organización social de poblaciones en las cuales se llevan a cabo actividades de producción, transporte o distribución de energía. Lamentablemente, las actividades de explotación en particular tienen mala imagen puesto que un accidente produce un impacto ambiental elevado en poblaciones cuya vida depende directamente de la naturaleza. Las concesiones otorgadas por el Estado no habían venido tomando en cuenta la opinión de estas poblaciones, por lo que muchas de ellas expresan su rechazo a estas actividades extractivas como la minería o la energía. Las instituciones de la sociedad civil nombradas al inicio mantienen una posición en defensa de comunidades y la sociedad ante la pobreza, los efectos del cambio climático y actividades de empresas y del Estado.

Por otro lado, es claro que sin el desarrollo de proyectos de inversión en energía no podremos abastecer nuestra demanda interna con seguridad en el mediano y largo plazo, así como mantener un precio que haga favorable el desarrollo de industrias competitivas.

Por ello, remarcamos la importancia del desarrollo de proyectos de explotación de energía como exploración de hidrocarburos y la construcción de centrales hidroeléctricas, pues estas redundarán en desarrollo a nivel global del país, sin embargo, conjuntamente con este desarrollo es inevitable producir costos sociales elevados que necesitan ser cuantificados necesariamente, de tal manera de asegurar no sólo el beneficio de las empresas privadas o del Estado sino también el beneficio de aquellas poblaciones cercanas a las actividades de extracción. Estos costos económicos como la afectación de la salud y la vida de las poblaciones casi no han sido cuantificados, por lo que se necesita incluirlos en las evaluaciones de cada proyecto.

Por otro lado, el ejercicio de la democracia y el diálogo con las poblaciones por parte del Estado y la empresa privada recién parecen posibles. Mientras exista mayor diálogo los niveles de consenso permitirán un mejor manejo de los conflictos socioambientales y se ayudará a prevenirlos.

Lamentablemente, no tenemos un plan de desarrollo consensuado entre todos los actores sociales y políticos, el intento del acuerdo nacional parece no caminar. Además, toda planificación requiere de unos lineamientos generales para lograr los objetivos que buscamos como país. Sin el marco general de hacia donde vamos no se pueden plantear políticas sectoriales sin afectar los intereses de otros compatriotas con el consecuente conflicto social que se derivará de ello. Hasta ahora el interés que ha primado ha sido el de las empresas.

Para las próximas elecciones presidenciales la agenda energética, por ejemplo la explotación de Camisea, las hidroeléctricas, y el acceso combustibles de bajo costo, serán no sólo temas a tratar, sino ejes de movilización social y política que, por el bien del país, requieren de dialogo sobre el cómo y hacia dónde queremos que nuestro país camine por la senda del desarrollo y el bienestar sin exclusiones, sino seguiremos incubando más conflictos y divisiones entre los peruanos.

CAMISEA AL ROJO VIVO

El paro indefinido iniciado el 27 de julio en el distrito de Echarate, provincia de La Convención, en Cusco, se agrava. El Gobierno ha declarado el estado de emergencia en la zona con el fin de contener las protestas. Hay denuncias desde el Ejecutivo indicando que los actores políticos (alcaldes que buscan reelección) son quienes promueven este paro, con dinero estatal.

Como habíamos afirmado, el tema de Camisea es un tema político y también económico. Hace unos días comentamos también la necesidad de establecer una política energética nacional y los intentos del actual ministro por delinear una política energética de largo plazo.

Sin embargo, lo que ocurre ahora pertenece a un ámbito de la política de corto plazo, la política electoral. Las bombas de tiempo político-sociales como Camisea se han construido sobre la base de dos aspectos no atendidos en su momento (por falta de una política de largo plazo).

El primero es la falta de inclusión, desde inicios del proyecto, de todos los actores sociales. Como anotamos en nuestro boletín de Fiestas Patrias, la contradicción de exportar gas natural y dejar sin el recurso a quienes lo necesitan para abrigarse y desarrollarse es un factor importantísimo que no ha sido atendido.

El segundo aspecto es el manejo equivocado del gobierno, que ha preferido mediante su política del perro del hortelano denunciar a todos aquellos que se “oponen” a la inversión privada, de estar contra el progreso y con ello polarizando cada vez más los conflictos.

Lamentablemente, la política de Estado aplicada desde las reformas de los años noventas, no toman en cuenta estos dos aspectos. La política implantada ha buscado la fórmula directa de un Estado que facilita la inversión privada para la explotación de recursos naturales. La experiencia nos indica que este modelo no es suficiente para hacer gobernable un país, pues no toma en cuenta a los actores sociales y poblaciones ni tampoco a los actores políticos con quienes se debió de establecer consensos. Por ello, es natural que un actor político en confrontación y ávido de poder conjugue sus expectativas con las demandas de una población desatendida. Bagua, nos ha demostrado que no atender estos aspectos en su debido momento atenta contra la paz y la vida de los ciudadanos.

El Estado gobierna con predilección para las transnacionales y deja de lado los problemas sociales esperando que con el canon sean los gobiernos locales quienes resuelvan todas las necesidades de sus poblaciones. La verdad es que hay muchos aspectos deben ser atendidos directamente desde el gobierno central como son el acceso a servicios públicos.

La “defensa” de un recurso estratégico frente a su exportación es una causa atendible y razonable, la Sociedad Nacional de Industrias se ha pronunciado al respecto, señalando las contradicciones del proyecto Camisea. Se hace necesario promover el debate sobre el modelo de desarrollo del Perú y enmarcar en él el uso de recursos estratégicos como el gas natural.

La falta de un consenso político sobre el uso de los recursos naturales entre el Estado, los partidos políticos, las empresas y las poblaciones de las zonas de explotación, incuba conflictos sociales como el que se vive en Cusco, poniendo en riesgo la vida de miles de peruanos pero también socavando más nuestra precaria democracia, confrontado al Estado con sus ciudadanos. ¿De lado de quién debería estar el Estado? ¿De quienes explotan el recurso para un beneficio económico ó de quienes son sus industriales y sus ciudadanos? Esperamos que no sea un nuevo “Baguazo” y tengamos que lamentar más muertes de compatriotas habitantes del mismo país, el Perú.

El acceso a los servicios un derecho vital de un ciudadano.

Estas reflexiones de fiestas patrias giran en torno a aquellas cosas materiales y fundamentales que los habitantes de nuestro Perú requieren para poder vivir en libertad, potenciar sus capacidades al máximo y tener acceso efectivo a oportunidades de desarrollo.

Durante estos meses de frío se repiten las noticias sobre el número de personas, en particular niños, que mueren antes de tiempo a causa del friaje. Es irrazonable que las poblaciones más vulnerables al frío, no tengan acceso al calor. Asimismo, sus viviendas precarias no les permiten mantenerse abrigados, menos aún a los animales que crían. Las heladas diezman sus pocos recursos y sus vidas.

De otra parte, en los países del hemisferio norte el acceso a calefacción durante el invierno es un elemento primordial y un derecho en los hogares. Un clima extremo, por debajo del cero grados, les obliga a tener casas diseñadas especialmente para dicho clima y un sistema de calefacción interno.

En nuestro país, el acceso a la electricidad beneficia al 80% de la población nacional, siendo el acceso rural poco menos del 45%; con ello, casi 5 millones de personas no cuentan con energía eléctrica . En la selva, el combustible que usan los famosos “peque peque” es costoso y de vital importancia, pues de ello depende el transporte de personas y productos a través de los ríos.

Como se aprecia, las asimetrías entre lo urbano y rural se repiten. Los esfuerzos llevados a cabo todavía son insuficientes, aunque tengamos un sistema de subsidio cruzado en electricidad por el cual cada consumidor de electricidad urbano subsidia parcialmente el consumo de poblaciones rurales, atendiendo su poca capacidad de pago y consumo.

Es cierto que son importantes los esfuerzos de muchos ciudadanos de realizar campañas de “abrigo” contra el frío. Sin embargo, más importante es exigir del gobierno y también a las universidades, soluciones prácticas para mejorar la calidad de las viviendas, acceso a electricidad para poder leer y calor para abrigo. En esto, los profesionales tenemos la capacidad y responsabilidad de utilizar nuestros conocimientos para retribuir al país y sus ciudadanos lo que hemos recibido.

Así, en esta celebración de nuestra independencia, en que nos afirmamos en la construcción de un país con mínimos comunes e igualdad de oportunidades para todos, no podemos seguir condenando a tantos compatriotas a morir de frío y, por otro lado exportando gas natural a otros países. Esta contradicción es un signo de para quienes se gobierna y se ha venido gobernando, de quiénes tienen la capacidad de disponer del recurso energético para su beneficio económico y de quiénes no lo tienen ni siquiera para poder vivir.

Como partido consideramos que no es posible una verdadera libertad sin que todos tengamos acceso a mínimos básicos que nos permitan decidir el proyecto de vida de cada uno. Por ello, cualquier plan de gobierno que Constructores Perú proponga y apoye deberá prever el acceso universal a los servicios básicos como la electricidad y el calor.

Como meta al 2021 debemos asegurar que todo habitante de nuestro país no muera de frío o por incapacidad de transportarse a un centro de salud cercano. Mientras no solucionemos asuntos tan vitales como el acceso a una vivienda digna para todos, mientras no todos tengamos acceso al calor para poder vivir, mientras no tengamos libertad para transportarnos libremente en el país, no podremos declararnos ciudadanos libres e independientes. Ello depende de la voluntad general de la población, pero, sobre todo, de la voluntad política de nuestros gobernantes.