La energía, lo ambiental y los conflictos sociales

Hace unos días se llevó a cabo una reunión organizada por el Movimiento Ciudadano Contra el Cambio Climático (MOCCIC), Christian Aid, la Asociación Nacional de Centros (ANC), ITDG y Centro de Desarrollo Agropecuario (CEDAP), en la que se discutió la perspectiva de la sociedad civil frente a la revisión de la estrategia de energía del Banco Mundial. Los organismos internacionales como el Banco Mundial financian diversos proyectos en países como el Perú, siempre y cuando dichos proyectos cumplan con determinados lineamientos y orientaciones que el Banco tiene como guía. Los gobiernos como el peruano, que cuentan con poco presupuesto, requieren de ese financiamiento para poder ejecutar proyectos.

El sector energía en años recientes ha ido tomando en consideración a la organización social de poblaciones en las cuales se llevan a cabo actividades de producción, transporte o distribución de energía. Lamentablemente, las actividades de explotación en particular tienen mala imagen puesto que un accidente produce un impacto ambiental elevado en poblaciones cuya vida depende directamente de la naturaleza. Las concesiones otorgadas por el Estado no habían venido tomando en cuenta la opinión de estas poblaciones, por lo que muchas de ellas expresan su rechazo a estas actividades extractivas como la minería o la energía. Las instituciones de la sociedad civil nombradas al inicio mantienen una posición en defensa de comunidades y la sociedad ante la pobreza, los efectos del cambio climático y actividades de empresas y del Estado.

Por otro lado, es claro que sin el desarrollo de proyectos de inversión en energía no podremos abastecer nuestra demanda interna con seguridad en el mediano y largo plazo, así como mantener un precio que haga favorable el desarrollo de industrias competitivas.

Por ello, remarcamos la importancia del desarrollo de proyectos de explotación de energía como exploración de hidrocarburos y la construcción de centrales hidroeléctricas, pues estas redundarán en desarrollo a nivel global del país, sin embargo, conjuntamente con este desarrollo es inevitable producir costos sociales elevados que necesitan ser cuantificados necesariamente, de tal manera de asegurar no sólo el beneficio de las empresas privadas o del Estado sino también el beneficio de aquellas poblaciones cercanas a las actividades de extracción. Estos costos económicos como la afectación de la salud y la vida de las poblaciones casi no han sido cuantificados, por lo que se necesita incluirlos en las evaluaciones de cada proyecto.

Por otro lado, el ejercicio de la democracia y el diálogo con las poblaciones por parte del Estado y la empresa privada recién parecen posibles. Mientras exista mayor diálogo los niveles de consenso permitirán un mejor manejo de los conflictos socioambientales y se ayudará a prevenirlos.

Lamentablemente, no tenemos un plan de desarrollo consensuado entre todos los actores sociales y políticos, el intento del acuerdo nacional parece no caminar. Además, toda planificación requiere de unos lineamientos generales para lograr los objetivos que buscamos como país. Sin el marco general de hacia donde vamos no se pueden plantear políticas sectoriales sin afectar los intereses de otros compatriotas con el consecuente conflicto social que se derivará de ello. Hasta ahora el interés que ha primado ha sido el de las empresas.

Para las próximas elecciones presidenciales la agenda energética, por ejemplo la explotación de Camisea, las hidroeléctricas, y el acceso combustibles de bajo costo, serán no sólo temas a tratar, sino ejes de movilización social y política que, por el bien del país, requieren de dialogo sobre el cómo y hacia dónde queremos que nuestro país camine por la senda del desarrollo y el bienestar sin exclusiones, sino seguiremos incubando más conflictos y divisiones entre los peruanos.

CAMISEA AL ROJO VIVO

El paro indefinido iniciado el 27 de julio en el distrito de Echarate, provincia de La Convención, en Cusco, se agrava. El Gobierno ha declarado el estado de emergencia en la zona con el fin de contener las protestas. Hay denuncias desde el Ejecutivo indicando que los actores políticos (alcaldes que buscan reelección) son quienes promueven este paro, con dinero estatal.

Como habíamos afirmado, el tema de Camisea es un tema político y también económico. Hace unos días comentamos también la necesidad de establecer una política energética nacional y los intentos del actual ministro por delinear una política energética de largo plazo.

Sin embargo, lo que ocurre ahora pertenece a un ámbito de la política de corto plazo, la política electoral. Las bombas de tiempo político-sociales como Camisea se han construido sobre la base de dos aspectos no atendidos en su momento (por falta de una política de largo plazo).

El primero es la falta de inclusión, desde inicios del proyecto, de todos los actores sociales. Como anotamos en nuestro boletín de Fiestas Patrias, la contradicción de exportar gas natural y dejar sin el recurso a quienes lo necesitan para abrigarse y desarrollarse es un factor importantísimo que no ha sido atendido.

El segundo aspecto es el manejo equivocado del gobierno, que ha preferido mediante su política del perro del hortelano denunciar a todos aquellos que se “oponen” a la inversión privada, de estar contra el progreso y con ello polarizando cada vez más los conflictos.

Lamentablemente, la política de Estado aplicada desde las reformas de los años noventas, no toman en cuenta estos dos aspectos. La política implantada ha buscado la fórmula directa de un Estado que facilita la inversión privada para la explotación de recursos naturales. La experiencia nos indica que este modelo no es suficiente para hacer gobernable un país, pues no toma en cuenta a los actores sociales y poblaciones ni tampoco a los actores políticos con quienes se debió de establecer consensos. Por ello, es natural que un actor político en confrontación y ávido de poder conjugue sus expectativas con las demandas de una población desatendida. Bagua, nos ha demostrado que no atender estos aspectos en su debido momento atenta contra la paz y la vida de los ciudadanos.

El Estado gobierna con predilección para las transnacionales y deja de lado los problemas sociales esperando que con el canon sean los gobiernos locales quienes resuelvan todas las necesidades de sus poblaciones. La verdad es que hay muchos aspectos deben ser atendidos directamente desde el gobierno central como son el acceso a servicios públicos.

La “defensa” de un recurso estratégico frente a su exportación es una causa atendible y razonable, la Sociedad Nacional de Industrias se ha pronunciado al respecto, señalando las contradicciones del proyecto Camisea. Se hace necesario promover el debate sobre el modelo de desarrollo del Perú y enmarcar en él el uso de recursos estratégicos como el gas natural.

La falta de un consenso político sobre el uso de los recursos naturales entre el Estado, los partidos políticos, las empresas y las poblaciones de las zonas de explotación, incuba conflictos sociales como el que se vive en Cusco, poniendo en riesgo la vida de miles de peruanos pero también socavando más nuestra precaria democracia, confrontado al Estado con sus ciudadanos. ¿De lado de quién debería estar el Estado? ¿De quienes explotan el recurso para un beneficio económico ó de quienes son sus industriales y sus ciudadanos? Esperamos que no sea un nuevo “Baguazo” y tengamos que lamentar más muertes de compatriotas habitantes del mismo país, el Perú.

El acceso a los servicios un derecho vital de un ciudadano.

Estas reflexiones de fiestas patrias giran en torno a aquellas cosas materiales y fundamentales que los habitantes de nuestro Perú requieren para poder vivir en libertad, potenciar sus capacidades al máximo y tener acceso efectivo a oportunidades de desarrollo.

Durante estos meses de frío se repiten las noticias sobre el número de personas, en particular niños, que mueren antes de tiempo a causa del friaje. Es irrazonable que las poblaciones más vulnerables al frío, no tengan acceso al calor. Asimismo, sus viviendas precarias no les permiten mantenerse abrigados, menos aún a los animales que crían. Las heladas diezman sus pocos recursos y sus vidas.

De otra parte, en los países del hemisferio norte el acceso a calefacción durante el invierno es un elemento primordial y un derecho en los hogares. Un clima extremo, por debajo del cero grados, les obliga a tener casas diseñadas especialmente para dicho clima y un sistema de calefacción interno.

En nuestro país, el acceso a la electricidad beneficia al 80% de la población nacional, siendo el acceso rural poco menos del 45%; con ello, casi 5 millones de personas no cuentan con energía eléctrica . En la selva, el combustible que usan los famosos “peque peque” es costoso y de vital importancia, pues de ello depende el transporte de personas y productos a través de los ríos.

Como se aprecia, las asimetrías entre lo urbano y rural se repiten. Los esfuerzos llevados a cabo todavía son insuficientes, aunque tengamos un sistema de subsidio cruzado en electricidad por el cual cada consumidor de electricidad urbano subsidia parcialmente el consumo de poblaciones rurales, atendiendo su poca capacidad de pago y consumo.

Es cierto que son importantes los esfuerzos de muchos ciudadanos de realizar campañas de “abrigo” contra el frío. Sin embargo, más importante es exigir del gobierno y también a las universidades, soluciones prácticas para mejorar la calidad de las viviendas, acceso a electricidad para poder leer y calor para abrigo. En esto, los profesionales tenemos la capacidad y responsabilidad de utilizar nuestros conocimientos para retribuir al país y sus ciudadanos lo que hemos recibido.

Así, en esta celebración de nuestra independencia, en que nos afirmamos en la construcción de un país con mínimos comunes e igualdad de oportunidades para todos, no podemos seguir condenando a tantos compatriotas a morir de frío y, por otro lado exportando gas natural a otros países. Esta contradicción es un signo de para quienes se gobierna y se ha venido gobernando, de quiénes tienen la capacidad de disponer del recurso energético para su beneficio económico y de quiénes no lo tienen ni siquiera para poder vivir.

Como partido consideramos que no es posible una verdadera libertad sin que todos tengamos acceso a mínimos básicos que nos permitan decidir el proyecto de vida de cada uno. Por ello, cualquier plan de gobierno que Constructores Perú proponga y apoye deberá prever el acceso universal a los servicios básicos como la electricidad y el calor.

Como meta al 2021 debemos asegurar que todo habitante de nuestro país no muera de frío o por incapacidad de transportarse a un centro de salud cercano. Mientras no solucionemos asuntos tan vitales como el acceso a una vivienda digna para todos, mientras no todos tengamos acceso al calor para poder vivir, mientras no tengamos libertad para transportarnos libremente en el país, no podremos declararnos ciudadanos libres e independientes. Ello depende de la voluntad general de la población, pero, sobre todo, de la voluntad política de nuestros gobernantes.

Una política de Estado al 2040

En los últimos años existe una extensa discusión sobre si el Perú tiene o no una política energética nacional de largo plazo. Este cuestionamiento ha sido permanentemente utilizado por críticos del gobierno, sobre todo en temas controversiales como Camisea y el acuerdo energético con Brasil para desarrollar centrales hidroeléctricas en la selva.

Por ello, el actual ministro Pedro Sánchez ha decidido dar el paso delineando una política energética nacional al año 2040. Así, el Ministerio de Energía y Minas publicó su “Propuesta de política energética de Estado del Perú del 2010 al 2040”, con el pedido de recibir aportes a la misma desde la sociedad.

El capítulo de ingeniería eléctrica del Colegio de Ingenieros de Lima, por su parte, organizó el foro debate sobre la propuesta de política de Estado, que contó con la presencia de los ex ministros de energía y minas Juan Inchaustegui (gobierno de Acción Popular), Abel Salinas (primer gobierno aprista), Daniel Hokama (gobierno de Fujimori) y Carlos Herrera (gobierno de transición de Paniagua).

En dicho evento, si bien se expresaron múltiples críticas y valiosos aportes a la propuesta planteada, la principal conclusión fue: plantear una política de Estado no se hace para un periodo de gobierno (5 años), sino para mantenerse por lo menos unos 20 años, tiempo mínimo en el cual se podrán apreciar los resultados la política de Estado. Esto requiere un consenso amplio entre los actores políticos que llevarán los destinos del país en los próximos años. Sin embargo, la política energética debe responder no sólo a un consenso sobre la materia, sino, principalmente a las metas que el Estado peruano se plantee para el futuro de largo plazo.

Lamentablemente, las miradas de largo plazo y los consensos políticos de temas estructurales tan importantes como el uso de los recursos naturales y aspectos medio ambientales derivados de actividades energéticas no son parte del debate político nacional.

La política energética debe estar enmarcada en un debate político mayor sobre el modelo o modelos de desarrollo que buscamos y que “debería estar en el centro de las propuestas de los candidatos a las elecciones regionales, locales y presidenciales de este año y del próximo”, como bien anotaba Martín Tanaka en uno de sus últimos artículos.

Por ejemplo, en el caso de los cuestionamientos al proyecto Camisea se dan en todas sus etapas: las reservas no parecen ser suficientes en el largo plazo y hay cifras para todos los gustos, los precios internacionales actuales configuran un precio en boca de pozo mucho menor para la exportación que para el mercado interno; la capacidad de transporte contratada ha sido mucho menor que la demanda real, por ello hoy falta capacidad de transporte; todos los usuarios eléctricos pagaron el gasoducto que ahora el consorcio Camisea utiliza para exportar gas; el avance en la masificación del gas natural en las zonas urbanas es ínfimo; no se ha dado la prioridad para la llegada del gas natural a la zona Sur, etc., todo esto expresa para muchos la falta de una política energética nacional.

Lo positivo es que, por lo menos, un sector del Ejecutivo se ha animado a iniciar un debate nacional sobre recursos “estratégicos” como la energía, y esperamos que en los próximos meses, a medida que se acercan las elecciones, este se multiplique, ganando además importancia y notoriedad. Sin embargo, vemos que lo que ocurre en el sector energía es la excepción a la regla, pues los debates que buscan consensos políticos y consolidar políticas de Estado están ausentes.

Por el contrario, nosotros consideramos que pedir este tipo de debates sobre temas centrales para el país es un deber ciudadano. ¿Acaso es mucho pedir?

Son otros tiempos, pero siempre sometidos

En estos últimos meses y quizás con mayor fuerza en los últimos años, existen incontables movimientos “anti”. Todavía recuerdo quizás el primer gran movimiento “anti” de esta moda reciente. Ese movimiento se formó en torno por el rechazo al proyecto minero de Tambogrande. La campaña planteaba el reto de optar por utilizar el territorio para hacer una mina o para continuar utilizándolo como un valle fértil de limones. “Sin limón no hay ceviche” decían sus avisos que aparecieron pegados en las paredes de Lima.

¿Qué ha ocurrido desde aquella campaña hasta el día de hoy? Cuestiona el hecho de ver a ciudadanos de diversas zonas del país salir a marchar contra la construcción de una mina, contra la exploración ó explotación de hidrocarburos o, lo más llamativo, contra la construcción de hidroeléctricas.

Todavía tengo fresco el recuerdo de cómo hace unos pocos años atrás las poblaciones pedían a gritos al gobierno la construcción de su proyecto de una central eléctrica (hidro o térmica) para darle luz a sus poblaciones. Cada poblado quería tener su propia central hidroeléctrica, muchos dirigentes regionales impulsaban los proyectos para la construcción de centrales eléctricas para sus pueblos. Las autoridades contaban estos proyectos entre sus grandes logros y obras, ellos habían sido los ejecutores de la construcción de la central hidroeléctrica de la región o provincia o distrito y siempre quedaría grabado su nombre no sólo en la placa de inauguración sino también en la memoria de todo el electorado.

Sin embargo, la realidad actual es otra. Esos mismos pobladores que antaño luchaban por la construcción de proyectos de inversión en sus territorios, que aportaban faenas comunales de trabajo para lograr la ejecución, ahora marchan y reclaman en contra de su construcción. Sea lo que fuera, desde carreteras hasta hidroeléctricas, hoy se oponen; en el caso de minas e hidrocarburos es cierto nunca fueron “bien” vistas pero tampoco tenían una oposición tan vehemente y visible.

¿Es este un síntoma de haber ganado en ciudadanía, desarrollo y democracia? A veces pienso que estas oposiciones y colectivos no son más que expresiones caudillistas y de manipulación política de diversos intereses, sobre todo internacionales, como son los grupos conservacionistas, para quienes proteger y evitar cualquier impacto, aún sea mínimo, es su fin ultimo.

Por otra parte, el movimiento anti-minería, anti-hidrocarburos, anti-carretera y anti-hidroeléctricas asume el rol de la defensa de los intereses del “pueblo”, de ese “pueblo” que ha virado de intereses. Asumen ese rol defensor únicamente con el planteamiento de “conservar” las cosas como están pero no tienen alternativas de desarrollo ni tampoco plantean proyectos concretos y articulados para seguir la senda del desarrollo y superar la pobreza.

Parece que todavía respondemos a intereses de países ajenos europeos o Estados Unidos, tanto de su ala más a la derecha –pro libertad de mercados y capital– ó de movimientos “verdes” y “ecologistas”.

Los últimos buscan conservar en nuestros países aquellos recursos que sus países sí tuvieron la decisión y libertad de explotarlos, y con ello generar su desarrollo; sin embargo, a nosotros nos lo impiden vendiéndonos la idea de que “cuidamos el ambiente” o “protegemos la naturaleza”.

Nos hacen creer que esos problemas son de “todo el planeta” cuando la verdad es que son más de ellos que nuestros, pues esos países “desarrollados” emiten más del 60% de la contaminación del planeta y han devastado sus recursos naturales para tener el nivel de vida que tienen, mientras nosotros podemos seguir siendo pobres. Son ellos lo que no quieren parar el ritmo devastador de su estilo de vida y vienen a nuestros países a proteger finalmente sus propios intereses.

El tema Camisea tiene para rato

Estas últimas semanas el tema Camisea ha sido extensamente comentado en medios como periódicos, radio y televisión. A pesar de la cobertura, poco ha quedado claro para la mayoría de los ciudadanos. Camisea tiene múltiples aristas, cada una más complicada que la otra.

Empezamos con las reservas y el carnaval de cifras que tenemos desde el inicio del proyecto, sin que, lamentablemente, quede claro si hay o no suficiente gas natural para abastecer el mercado interno y la exportación. El cuestionamiento en este punto es: si hay suficientes reservas, ¿por qué el consorcio Camisea no firma nuevos contratos de abastecimiento con las empresas industriales y otros usos como generación eléctrica y petroquímica?

El transporte de gas natural tiene como principal cuestionamiento el que dicho ducto fue prácticamente financiado por todos los usuarios eléctricos (nadie nos preguntó si estábamos de acuerdo) lo cierto es que todos los usuarios de electricidad pagamos el ducto con la promesa de que con dicho pago veríamos reducidas nuestras facturas de electricidad en el futuro. Los números indican que esa promesa fue cumplida, pues con la llegada del gas natural hoy pagamos menos por la electricidad si comparamos los pagos de antes del proyecto Camisea ¿El consorcio debería usar para la exportación el ducto que pagamos los peruanos?

En la fase de distribución se cuestiona que a la empresa distribuidora (Calidda) no se le ha exigido aun ejecutar una agresiva campaña de conexiones domiciliarias, pues el número de usuarios residenciales es bajo. En nuestros hogares todavía no tenemos el beneficio directo de este recurso.

En el caso del uso del gas natural para generación eléctrica, en su mayoría es utilizado en centrales de ciclo simple de baja eficiencia y no en centrales de ciclo combinado cuya eficiencia es mayor. Es decir, se está quemando gas natural y se está desperdiciando buena cantidad de este debido a la baja eficiencia de las centrales térmicas. También se cuestiona el hecho que gran parte de la generación eléctrica a gas natural está concentrada en la zona de Chilca y no distribuida a lo largo el ducto.

Sobre los gasoductos regionales, está claro que las regiones quieren los beneficios para sus industrias, parque automotor y electricidad. Sin embargo, dicho reclamo no es inmediatamente satisfecho por la empresa privada, pues para la construcción de gasoductos se requiere una certeza mínima sobre el consumo total esperado. Lamentablemente las empresas no pueden invertir a la velocidad que reclama la ciudadanía de la macrorregión Sur.

Está claro que Camisea, a pesar de todos sus defectos, ha traído cosas positivas para el país; sin embargo, como siempre, después de escrita la historia vemos que pudo haberse hecho las cosas mejor.

Queda claro que el gobierno peruano tiene poca capacidad de decisión sobre el uso y destino de los recursos naturales, en particular de los recursos hidrocarburíferos. Y, por otro lado, las empresas privadas como no tienen porqué responder a los reclamos populares (como el de la macrorregión sur) responden únicamente a sus intereses comerciales y no a los requerimientos de los ciudadanos.

Finalmente, nos queda claro que Camisea no sería posible sin el capital privado que invirtió en grandes cantidades; no obstante, consideramos que se debió planificar mejor el proyecto como, por ejemplo, haber regulado mejor y exigido más a los inversionistas.

Sin dudas Camisea será durante esta campaña 2010 y la siguiente un tema político para la oposición, esperemos que el tratamiento del mismo no sea para azuzar la violencia y el rechazo destemplado a la inversión privada, sino para iniciar un debate nacional sobre el uso de nuestros recursos.

Gas natural de Camisea un problema político

En nuestro post del 28 de Abril habíamos advertido del inicio en Mayo de la exportación del gas natural de Camisea y enfocamos el problema desde la perspectiva de la política energética nacional.

El tema del gas de Camisea siempre ha sido polémico, no sólo ahora, sino desde sus inicios. Shell lo descubrió en 1984, mientras buscaba petróleo y por mala suerte encontró gas natural. Después de frustradas y extensas negociaciones (hasta 1998), se fue sin explotarlo porque el gobierno de aquel entonces no aceptó sus condiciones, que ya incluían la exportación, pues el mercado interno de gas natural era inexistente y la forma de hacer viable el proyecto era la exportación al Brasil.

Al abandonar Shell el proyecto, revirtió al Estado peruano toda su inversión, entre 300 y 400 millones de dólares en exploración nos quedaron de “regalo”. Por eso los precios del lote 88 son baratos, fijados en su momento en 1 US$ por millón de BTU (MMBTU) actualizable.

A fines del gobierno de Fujimori se emitió la Ley de Promoción del Desarrollo de la Industria del Gas Natural y su Reglamento. El proceso culminó durante el gobierno de Paniagua siendo ministro Carlos Herrera Descalzi. Inicialmente, el reglamento establecía un horizonte permanente de 20 años de abastecimiento interno, es decir, cada año había que asegurar 20 años futuros. Sin embargo, en el año 2003 dicho artículo fue modificado, cambiando el horizonte permanente por uno fijo de 20 años, calculando el horizonte en la fecha de establecido el contrato de exportación, con esta modificación se hizo posible el contrato con Perú LNG para exportar el gas de Camisea.

¿Cuándo ocurrió esto y no nos dimos cuenta? durante el gobierno de Toledo (10% de intención de voto) y siendo ministros Hans Flury y luego Jaime Quijandría este último señalado de un supuesto lobby con Kuczynski (5%).

Entonces, el propio Estado peruano modificó las normas para permitir la exportación del gas natural, ahora podría hacer lo mismo para revertir dicha situación, sólo es cuestión de voluntad política.

La última vez que el actual ministro Pedro Sanchez fue interpelado en el congreso hubieron voces pidiendo declarar inconstitucional las modificatorias realizadas en el gobierno de Toledo y volver al horizonte permanente de 20 años. Con ello se volvería a asegurar el mercado interno y sólo se exportaría aquel gas que “sobre” después de atender al mercado interno.El tema del gas natural antes que un asunto técnico, es un tema político. Hoy los gobiernos regionales del sur reclaman (antes también lo han hecho sin ser escuchados) con justicia los beneficios de un recurso natural que nos pertenece a todos pero que por ahora sólo disfruta Lima. Tampoco son los primeros que reclaman, durante estos años y mientras se construía la planta de exportación hubieron diversas voces de alerta, incluido el reclamo de los gobiernos regionales, pero recién hoy, teniendo en frente la exportación (Mayo) y las elecciones del 2010 y 2011 el asunto recobra sospechosa relevancia.Este asunto por su connotación política es una “bomba de tiempo” que será utilizada no sólo con fines políticos electorales regionales sino también por aquellos que buscan convertir nuestro país en una sucursal más de proyectos foráneos (Venezuela) disfrazados de “nacionalistas” o por aquellos que escudados en el respeto a la “estabilidad jurídica” (ya vimos que se modificó las normas sin ningún problema) venden nuestros recursos a intereses privados también extranjeros.Definitivamente, Camisea es un tema para la campaña electoral del 2010 y 2011, por más que Velásquez Quesquén pida que no se use el tema “políticamente”, acaso ¿Camisea no es de todos y lo pagamos todos?