PATRIA O MERCADO - El lote 192 y las fallas de un modelo económico hegemónico

Durante los años noventas en el sector energía se pasó del esquema de propiedad estatal integrada a un sistema de propiedad desintegrada verticalmente por negocios. Esto en los sub sectores electricidad y petróleo y posteriormente, con el ingreso de Camisea, la industria del gas natural se configuró de manera similar.

Los supuestos económicos, válidos como marcos teóricos, sustentaron una reforma completa de la propiedad de la infraestructura energética en el mundo y en el Perú. La infraestructura energética debía estar en manos de los privados para  favorecer la inversión nueva, asimismo, fomentar el uso eficiente de los recursos y además de mantener las decisiones técnicas alejadas de los políticos de turno, que en el pasado utilizaron las empresas estatales para fines netamente partidarios.

Así, en sus primeros años la reforma trajo consigo la eficiencia en el uso de recursos. Su contraparte fue el despido de muchos trabajadores. Se reorganizaron las empresas y comenzaron a producir mayores utilidades, también se ejecutaron los compromisos de inversión firmados, mejorando la calidad y el abastecimiento de la energía eléctrica, derivados de petróleo y permitió la explotación del gas natural.

Pasado el primer decenio, se evidenciaron los límites de las reformas iniciales. Los inversionistas comenzaron (una vez instalados en el mercado) a tomar decisiones de negocios buenas para ellos, pero no del todo buenas para el conjunto de los sistemas, ni mucho menos tomaron decisiones políticas para el país. Así, la falta de inversión en mejora de infraestructura, el menor desarrollo de la exploración petrolera o de nueva generación eléctrica, sumadas a condiciones estacionales y de mercados internacionales adversos a nuestros intereses, produjeron las que en su momento se llamaron “crisis energéticas”.

Es necesario mencionar que el proceso inicial de privatización nunca llegó a concluirse. Por una parte las empresas eléctricas de generación fueron casi todas privatizadas con excepción del más grande complejo hidroeléctrico del país Mantaro-Restitución que quedó en manos de la empresa estatal ELECTROPERÚ. Por otra parte, las empresas distribuidoras eléctricas de Lima norte y sur fueron privatizadas y alguna otra de provincia, por el contrario el resto se mantuvo en manos del Estado hasta hoy, es decir casi todas las regiones son atendidas por empresas estatales eléctricas.

En el campo petrolero se mantuvo PETROPERÚ en manos estatales únicamente con la refinería de Talara y Conchán y alguna participación en estaciones de servicios. Se le excluyó completamente de la producción y mantuvo la propiedad del oleoducto nor peruano.

La privatización inconclusa generó un problema que ningún gobierno ha sabido afrontar con claridad, pues nunca han podido responder a ¿Cuál será el rol empresarial del Estado?

Por un lado algunos intereses autoproclamados técnicos “independientes” indican y ponen el grito en el cielo frente a la posibilidad de que PETROPERÚ asuma la participación en el lote 192, argumentan que un privado puede hacer una gestión más eficiente de los recursos y mejor técnicamente. Sin embargo, el accionar privado en todos los sectores no fue, ni se realizó según lo que se esperaba de ellos a partir de la reforma de los noventas, sino más bien, actuaron de manera conservadora y rentista (¿Quién no lo haría?) protegiendo sus intereses y maximizando sus utilidades en desmedro del bienestar social, aquel que se supone el Estado y su regulación deberían resguardar.

Actualmente el mercado petrolero no está en su mejor momento, luego de pasar de precios por encima de 100 dólares el barril hoy el precio fluctúa entre los 40 y 50 dólares por debajo de la mitad de su precio, esto hace muchos proyectos no rentables, no sólo en Perú sino en el mundo haciendo que los inversionistas hayan perdido el interés.

En el año 2013 la empresa privada REPSOL propietaria de la Refinería La Pampilla estuvo negociando con el Estado la venta de todos sus activos, aunque ello nunca se realizó porque al parecer el precio que pedían al Estado era muy elevado por activos devaluados que la empresa no ha repotenciado durante años.  Hace pocas semanas el proceso de licitación del lote 192 quedó desierto es decir las empresa privadas decidieron no participar en su operación, y menos competir por la adjudicación. Un proceso de competencia habría sido adecuado para obtener mejores condiciones aunque el mercado no esté en su mejor momento. Frente a ello y con apuros el Estado ha decidido entregar casi directamente la operación por dos años a la empresa Pacific, en una negociación directa y sin competencia.

Estos últimos eventos nos hacen ver que en el negocio de la industria petrolera en el Perú, los privados han perdido interés y buscarían o retirarse o no volver a ingresar al negocio (salvo negociación directa sin competencia).

¿Si, los privados no quieren participar del negocio petrolero, no podemos apelar al principio de subsidiariedad contemplado en la Constitución, mediante el cual cuando un privado ya no puede participar y ser productor de bienes y servicios, entonces, el Estado en función del interés nacional puede hacerlo?

Cabe la posibilidad que el Estado a través de PetroPerú retome el negocio de la explotación de petróleo vía el lote 192 y, de darse las condiciones y la voluntad política, hasta podría volver a la propiedad de la importante refinería La Pampilla, sumado a la actual modernización de Talara la pondría en una mejor situación y con respaldo además de sectores que han venido promoviendo su reforzamiento desde regiones, el propio gobierno, el congreso (incluida bancada nacionalista) y de los sucesivos directorios de PetroPerú.

No entendemos tampoco como la operación del lote 192 pueda ser negocio para Pacific y se le exija una inversión de 40 millones de dólares y en el congreso el primer ministro diga que NO es negocio para PetroPerú y que su operación implica 700 millones de dólares. ¿Osea puede ser negocio para un privado pero no para una empresa estatal? ¿Por qué Pacific se le exigiría sólo cuarenta millones y a PetroPerú 700 millones? ¿No se supone que es el mismo lote, con las mismas reservas y la misma infraestructura?

Ahora que vienen las elecciones los candidatos como parte de sus planteamientos de gobierno deben responder a la pregunta de ¿Qué hacer con las empresas estatales? El problema es que, dejarlas como ahora sin capacidad de acción hace que sus activos e infraestructura vayan perdiendo valor con el tiempo, sin posibilidades de invertir y actuar con libertad como lo haría un privado, se ven condenadas a una muerte lenta por inanición. Esto se da también en la generación eléctrica en donde ELECTROPERÚ ha pasado de ser la primera empresa de generación eléctrica en los noventas a segundo y hasta tercer lugar, y seguramente con el desarrollo del sector continuará descendiendo en importancia.

No podemos continuar con el cinismo de decir que no se puede tener empresas estatales cuando desde los años noventas las empresas estatales existen y peso a todos los problemas siguen entregando utilidades, aunque las aten de manos y las utilicen como siempre para fines políticos. Necesitamos definiciones.

¿Qué es la hora del planeta? ¿Para qué sirve?

La primera pregunta a responder es ¿Qué es la hora del planeta?

Es un movimiento mundial promocionado por WWF (World Wild Fund for Nature) desde el año 2007 y se realiza el último sábado de marzo de cada año. Este evento consiste en apagar las luces y desconectar los aparatos eléctricos durante una hora. Con ello se busca crear conciencia acerca del calentamiento global y el cambio climático.

Como se conoce, el calentamiento global es atribuido a una mayor concentración de gases de efecto invernadero en la atmósfera, como el CO2. Esta concentración se ha venido elevando en las últimas décadas debido a las mayores emisiones provocadas por el uso intensivo de la energía en usos domésticos, industriales, transporte y otros. 

Por ello, la hora del planeta busca generar un movimiento de conciencia ambiental, comprometiendo a cada uno de nosotros para contribuir con menores niveles de contaminación, limitando nuestro consumo, adoptando hábitos de ahorro y de uso eficiente de los recursos que nos da el planeta, para no degradarlo cada vez más.

La segunda pregunta a responder es ¿Realmente sirve para algo unirse a esta cruzada por el planeta?

En el Perú la hora del planeta se viene realizando desde el año 2009. En primera versión tuvo un impacto significativo como lo anotamos en un post en su momento. En ese año el impacto de la hora del planeta disminuyo la demanda eléctrica esperada en 580 MW en su momento máximo y representó un ahorro pico de un 14.5% de la demanda del país en ese instante.  Si bien este resultado es significativo en la hora de duración, el mismo no es representativo en todo el mes y menos en un año.

Los años 2010 y 2011 el impacto de la hora del planeta no fue significativo, parece que el entusiasmo del primer año se diluyó en los siguientes. Quizás no hubo suficiente difusión o quizás para la mayoría de ciudadanos y empresas el asunto fue meramente simbólico.


Como se puede observar en los dos gráficos siguientes el impacto de la hora del planeta (línea en azul en 2010 y magenta en 2011) en los años 2010 y 2011 fue mucho menor de lo que se esperaba (línea roja en 2010 y azul en 2011). Dichos cuadros se elaboraron con información del COES (Comite de Operación Económica del Sistema) entidad encargada de coordinar la operación del sistema eléctrico nacional.

Impacto de la hora del planeta 2010

Impacto de la hora del planeta 2011

Ahora, vayamos un poco más allá. El calentamiento global como su nombre lo indica es un fenómeno de escala mundial y por lo tanto el impacto de cada país depende de su cantidad de emisiones de gases de efecto invernadero.


Como se puede apreciar en el Atlas de la Contaminación 2009, China, Estados Unidos y Europa juntos representan aproximadamente el 57% de las emisiones totales del mundo.


Por otro lado, Europa y los nueve países más contaminantes representan el 78% de las emisiones globales. Todos los país de Centro y Sur América juntos aportan poco más del 4%. En el caso del Perú las emisiones en el año 2009 fueron de aproximadamente 38.2 millones de toneladas de CO2 representando el 0.13% de la contaminación de CO2 del mundo. Ver Atlas de la Contaminación 2009 .


Como se ve el impacto que pueda causar un país como Perú en el escenario mundial es también simbólico. En todo caso nuestra responsabilidad como País y miembros de América Latina es persuadir y de ser posible exigir a los países que más contaminan en el mundo a que reduzcan sus emisiones pues el efecto de las mismas nos afecta a todos en el mundo. Acuerdos mundiales como el protocolo de Kyoto deberían ser respetados por todos los paises. Como sabemos EEUU se retiró del protocolo indicando que era injusto involucrar sólo a países industrializados y excluir de sus exigencias a los mayores emisores de gases en vías de desarrollo (como son China e India)

Y es que el apagar nuestros aparatos eléctricos durante la hora del planeta es simbólico con respecto al consumo nacional mensual, menos aún anual y menor en el escenario internacional. A simple vista pareciera que no tendría sentido tomarse la molestia de unirse a la campaña.


Sin embargo, si bien nuestras emisiones de CO2 no pueden ser significativas a nivel global, la concentración de las mismas junto a otros gases nocivos en determinadas zonas si nos afectan de manera directa, principalmente en el transporte. Así lo indicó la defensoria del pueblo en su informe LA CALIDAD DEL AIRE EN LIMA Y SU IMPACTO  EN LA SALUD Y LA VIDA DE SUS HABITANTES. El informe en sus conclusiones indica:



"En Lima, la calidad del aire no cumple con los Estándares de Calidad Ambiental (ECA) de aire nacionales ni tampoco con las guías sobre calidad del aire de la Organización Mundial de la Salud, siendo el material particulado de 10 y 2.5 micras el contaminante más crítico en la ciudad debido a sus niveles y sus efectos para la salud."



"El diesel que se vende en el Perú es de pésima calidad y altamente  contaminante pues contiene ingentes cantidades de azufre (entre 4,000 y 6,000 ppm). La promoción del uso de Gas Natural Vehicular y Gas Licuado de Petróleo y la reducción de los niveles de azufre en el diesel son medidas fundamentales para lograr disminuciones significativas en la producción de dióxido de azufre y material particulado, así como de otros contaminantes."


Por lo tanto es necesario que tanto ciudadanos como sociedad organizada cuidemos nuestro medio ambiente inmediato no sólo haciendo un mejor uso de la energía sino también evitando el mal cuidado que le damos a las áreas verdes en las ciudades, el mal manejo de la basura, el mal estado de las unidades de transporte y otros.

Entonces ¿Cómo podemos aportar a cuidar nuestro medio ambiente local y global?

La repuesta es sencilla, educando y educándonos en el uso de la energía de manera responsable y asumiendo hábitos de vida saludable. Si bien la tecnología hace equipos cada vez más eficientes y por lo tanto comprar equipos nuevos y desechar los viejos ayuda a que nuestro consumo sea menor, lo cierto es que aparecen también nuevos equipos que consumen más energía como son los teléfonos celulares, laptop, escaner , impresora, etc. 


Por ello es necesario que cumplamos las siguientes recomendaciones y consejos para ahorrar energía, los cuales deben pasar a formar parte de nuestro vida diaria si queremos aportar con el cuidado de nuestro planeta:

1. Aprovechar al máximo la luz del día.
2. Pintar las paredes interiores con colores claros.
3. Apagar los focos innecesariamente prendidos.
4. Usar focos ahorradores.
5. Mantener la refrigeradora en buen estado (verificar sellos, termostato según estación, no meter alimentos calientes, no abrirla a cada rato).
6. Planchar de día, no planchar ropa húmeda, planchar la mayor cantidad de ropa de una sola vez.
7. Utilizar volumen razonable en los equipos de audio y video ya que más volumen significa más consumo.
8. Desconectar equipos sin uso.
9. Mantener en buen estado las termas, así mismo no calentar agua en vano.
10. Utilizar el sistema de la PC con la opción de ahorro de energía, desconectarla al apagar.
11. Utilizar el transporte público y de ser posible preferir el uso de bicicletas (hay exigir más construcción de ciclo vías)
12. Cuidar y constituir más áreas verdes en nuestros distritos por medio de nuestros alcaldes y vecinos.
13. Evitar la contaminación de las calles con basura para evitar generar lugares infecciosos
14. Evitar la quema de productos contaminantes y basura como práctica rutinaria de algunas actividades.
15. Reciclar vidrios, cartones, papeles y otros. De ser posible juntar los aparatos eléctricos en desuso, pilas y baterías y llevarlos a sitios especializados en su desecho (exigir que los municipios prevean esto dentro de sus territorios).

La energía, lo ambiental y los conflictos sociales

Hace unos días se llevó a cabo una reunión organizada por el Movimiento Ciudadano Contra el Cambio Climático (MOCCIC), Christian Aid, la Asociación Nacional de Centros (ANC), ITDG y Centro de Desarrollo Agropecuario (CEDAP), en la que se discutió la perspectiva de la sociedad civil frente a la revisión de la estrategia de energía del Banco Mundial. Los organismos internacionales como el Banco Mundial financian diversos proyectos en países como el Perú, siempre y cuando dichos proyectos cumplan con determinados lineamientos y orientaciones que el Banco tiene como guía. Los gobiernos como el peruano, que cuentan con poco presupuesto, requieren de ese financiamiento para poder ejecutar proyectos.

El sector energía en años recientes ha ido tomando en consideración a la organización social de poblaciones en las cuales se llevan a cabo actividades de producción, transporte o distribución de energía. Lamentablemente, las actividades de explotación en particular tienen mala imagen puesto que un accidente produce un impacto ambiental elevado en poblaciones cuya vida depende directamente de la naturaleza. Las concesiones otorgadas por el Estado no habían venido tomando en cuenta la opinión de estas poblaciones, por lo que muchas de ellas expresan su rechazo a estas actividades extractivas como la minería o la energía. Las instituciones de la sociedad civil nombradas al inicio mantienen una posición en defensa de comunidades y la sociedad ante la pobreza, los efectos del cambio climático y actividades de empresas y del Estado.

Por otro lado, es claro que sin el desarrollo de proyectos de inversión en energía no podremos abastecer nuestra demanda interna con seguridad en el mediano y largo plazo, así como mantener un precio que haga favorable el desarrollo de industrias competitivas.

Por ello, remarcamos la importancia del desarrollo de proyectos de explotación de energía como exploración de hidrocarburos y la construcción de centrales hidroeléctricas, pues estas redundarán en desarrollo a nivel global del país, sin embargo, conjuntamente con este desarrollo es inevitable producir costos sociales elevados que necesitan ser cuantificados necesariamente, de tal manera de asegurar no sólo el beneficio de las empresas privadas o del Estado sino también el beneficio de aquellas poblaciones cercanas a las actividades de extracción. Estos costos económicos como la afectación de la salud y la vida de las poblaciones casi no han sido cuantificados, por lo que se necesita incluirlos en las evaluaciones de cada proyecto.

Por otro lado, el ejercicio de la democracia y el diálogo con las poblaciones por parte del Estado y la empresa privada recién parecen posibles. Mientras exista mayor diálogo los niveles de consenso permitirán un mejor manejo de los conflictos socioambientales y se ayudará a prevenirlos.

Lamentablemente, no tenemos un plan de desarrollo consensuado entre todos los actores sociales y políticos, el intento del acuerdo nacional parece no caminar. Además, toda planificación requiere de unos lineamientos generales para lograr los objetivos que buscamos como país. Sin el marco general de hacia donde vamos no se pueden plantear políticas sectoriales sin afectar los intereses de otros compatriotas con el consecuente conflicto social que se derivará de ello. Hasta ahora el interés que ha primado ha sido el de las empresas.

Para las próximas elecciones presidenciales la agenda energética, por ejemplo la explotación de Camisea, las hidroeléctricas, y el acceso combustibles de bajo costo, serán no sólo temas a tratar, sino ejes de movilización social y política que, por el bien del país, requieren de dialogo sobre el cómo y hacia dónde queremos que nuestro país camine por la senda del desarrollo y el bienestar sin exclusiones, sino seguiremos incubando más conflictos y divisiones entre los peruanos.

CAMISEA AL ROJO VIVO

El paro indefinido iniciado el 27 de julio en el distrito de Echarate, provincia de La Convención, en Cusco, se agrava. El Gobierno ha declarado el estado de emergencia en la zona con el fin de contener las protestas. Hay denuncias desde el Ejecutivo indicando que los actores políticos (alcaldes que buscan reelección) son quienes promueven este paro, con dinero estatal.

Como habíamos afirmado, el tema de Camisea es un tema político y también económico. Hace unos días comentamos también la necesidad de establecer una política energética nacional y los intentos del actual ministro por delinear una política energética de largo plazo.

Sin embargo, lo que ocurre ahora pertenece a un ámbito de la política de corto plazo, la política electoral. Las bombas de tiempo político-sociales como Camisea se han construido sobre la base de dos aspectos no atendidos en su momento (por falta de una política de largo plazo).

El primero es la falta de inclusión, desde inicios del proyecto, de todos los actores sociales. Como anotamos en nuestro boletín de Fiestas Patrias, la contradicción de exportar gas natural y dejar sin el recurso a quienes lo necesitan para abrigarse y desarrollarse es un factor importantísimo que no ha sido atendido.

El segundo aspecto es el manejo equivocado del gobierno, que ha preferido mediante su política del perro del hortelano denunciar a todos aquellos que se “oponen” a la inversión privada, de estar contra el progreso y con ello polarizando cada vez más los conflictos.

Lamentablemente, la política de Estado aplicada desde las reformas de los años noventas, no toman en cuenta estos dos aspectos. La política implantada ha buscado la fórmula directa de un Estado que facilita la inversión privada para la explotación de recursos naturales. La experiencia nos indica que este modelo no es suficiente para hacer gobernable un país, pues no toma en cuenta a los actores sociales y poblaciones ni tampoco a los actores políticos con quienes se debió de establecer consensos. Por ello, es natural que un actor político en confrontación y ávido de poder conjugue sus expectativas con las demandas de una población desatendida. Bagua, nos ha demostrado que no atender estos aspectos en su debido momento atenta contra la paz y la vida de los ciudadanos.

El Estado gobierna con predilección para las transnacionales y deja de lado los problemas sociales esperando que con el canon sean los gobiernos locales quienes resuelvan todas las necesidades de sus poblaciones. La verdad es que hay muchos aspectos deben ser atendidos directamente desde el gobierno central como son el acceso a servicios públicos.

La “defensa” de un recurso estratégico frente a su exportación es una causa atendible y razonable, la Sociedad Nacional de Industrias se ha pronunciado al respecto, señalando las contradicciones del proyecto Camisea. Se hace necesario promover el debate sobre el modelo de desarrollo del Perú y enmarcar en él el uso de recursos estratégicos como el gas natural.

La falta de un consenso político sobre el uso de los recursos naturales entre el Estado, los partidos políticos, las empresas y las poblaciones de las zonas de explotación, incuba conflictos sociales como el que se vive en Cusco, poniendo en riesgo la vida de miles de peruanos pero también socavando más nuestra precaria democracia, confrontado al Estado con sus ciudadanos. ¿De lado de quién debería estar el Estado? ¿De quienes explotan el recurso para un beneficio económico ó de quienes son sus industriales y sus ciudadanos? Esperamos que no sea un nuevo “Baguazo” y tengamos que lamentar más muertes de compatriotas habitantes del mismo país, el Perú.

El acceso a los servicios un derecho vital de un ciudadano.

Estas reflexiones de fiestas patrias giran en torno a aquellas cosas materiales y fundamentales que los habitantes de nuestro Perú requieren para poder vivir en libertad, potenciar sus capacidades al máximo y tener acceso efectivo a oportunidades de desarrollo.

Durante estos meses de frío se repiten las noticias sobre el número de personas, en particular niños, que mueren antes de tiempo a causa del friaje. Es irrazonable que las poblaciones más vulnerables al frío, no tengan acceso al calor. Asimismo, sus viviendas precarias no les permiten mantenerse abrigados, menos aún a los animales que crían. Las heladas diezman sus pocos recursos y sus vidas.

De otra parte, en los países del hemisferio norte el acceso a calefacción durante el invierno es un elemento primordial y un derecho en los hogares. Un clima extremo, por debajo del cero grados, les obliga a tener casas diseñadas especialmente para dicho clima y un sistema de calefacción interno.

En nuestro país, el acceso a la electricidad beneficia al 80% de la población nacional, siendo el acceso rural poco menos del 45%; con ello, casi 5 millones de personas no cuentan con energía eléctrica . En la selva, el combustible que usan los famosos “peque peque” es costoso y de vital importancia, pues de ello depende el transporte de personas y productos a través de los ríos.

Como se aprecia, las asimetrías entre lo urbano y rural se repiten. Los esfuerzos llevados a cabo todavía son insuficientes, aunque tengamos un sistema de subsidio cruzado en electricidad por el cual cada consumidor de electricidad urbano subsidia parcialmente el consumo de poblaciones rurales, atendiendo su poca capacidad de pago y consumo.

Es cierto que son importantes los esfuerzos de muchos ciudadanos de realizar campañas de “abrigo” contra el frío. Sin embargo, más importante es exigir del gobierno y también a las universidades, soluciones prácticas para mejorar la calidad de las viviendas, acceso a electricidad para poder leer y calor para abrigo. En esto, los profesionales tenemos la capacidad y responsabilidad de utilizar nuestros conocimientos para retribuir al país y sus ciudadanos lo que hemos recibido.

Así, en esta celebración de nuestra independencia, en que nos afirmamos en la construcción de un país con mínimos comunes e igualdad de oportunidades para todos, no podemos seguir condenando a tantos compatriotas a morir de frío y, por otro lado exportando gas natural a otros países. Esta contradicción es un signo de para quienes se gobierna y se ha venido gobernando, de quiénes tienen la capacidad de disponer del recurso energético para su beneficio económico y de quiénes no lo tienen ni siquiera para poder vivir.

Como partido consideramos que no es posible una verdadera libertad sin que todos tengamos acceso a mínimos básicos que nos permitan decidir el proyecto de vida de cada uno. Por ello, cualquier plan de gobierno que Constructores Perú proponga y apoye deberá prever el acceso universal a los servicios básicos como la electricidad y el calor.

Como meta al 2021 debemos asegurar que todo habitante de nuestro país no muera de frío o por incapacidad de transportarse a un centro de salud cercano. Mientras no solucionemos asuntos tan vitales como el acceso a una vivienda digna para todos, mientras no todos tengamos acceso al calor para poder vivir, mientras no tengamos libertad para transportarnos libremente en el país, no podremos declararnos ciudadanos libres e independientes. Ello depende de la voluntad general de la población, pero, sobre todo, de la voluntad política de nuestros gobernantes.

Una política de Estado al 2040

En los últimos años existe una extensa discusión sobre si el Perú tiene o no una política energética nacional de largo plazo. Este cuestionamiento ha sido permanentemente utilizado por críticos del gobierno, sobre todo en temas controversiales como Camisea y el acuerdo energético con Brasil para desarrollar centrales hidroeléctricas en la selva.

Por ello, el actual ministro Pedro Sánchez ha decidido dar el paso delineando una política energética nacional al año 2040. Así, el Ministerio de Energía y Minas publicó su “Propuesta de política energética de Estado del Perú del 2010 al 2040”, con el pedido de recibir aportes a la misma desde la sociedad.

El capítulo de ingeniería eléctrica del Colegio de Ingenieros de Lima, por su parte, organizó el foro debate sobre la propuesta de política de Estado, que contó con la presencia de los ex ministros de energía y minas Juan Inchaustegui (gobierno de Acción Popular), Abel Salinas (primer gobierno aprista), Daniel Hokama (gobierno de Fujimori) y Carlos Herrera (gobierno de transición de Paniagua).

En dicho evento, si bien se expresaron múltiples críticas y valiosos aportes a la propuesta planteada, la principal conclusión fue: plantear una política de Estado no se hace para un periodo de gobierno (5 años), sino para mantenerse por lo menos unos 20 años, tiempo mínimo en el cual se podrán apreciar los resultados la política de Estado. Esto requiere un consenso amplio entre los actores políticos que llevarán los destinos del país en los próximos años. Sin embargo, la política energética debe responder no sólo a un consenso sobre la materia, sino, principalmente a las metas que el Estado peruano se plantee para el futuro de largo plazo.

Lamentablemente, las miradas de largo plazo y los consensos políticos de temas estructurales tan importantes como el uso de los recursos naturales y aspectos medio ambientales derivados de actividades energéticas no son parte del debate político nacional.

La política energética debe estar enmarcada en un debate político mayor sobre el modelo o modelos de desarrollo que buscamos y que “debería estar en el centro de las propuestas de los candidatos a las elecciones regionales, locales y presidenciales de este año y del próximo”, como bien anotaba Martín Tanaka en uno de sus últimos artículos.

Por ejemplo, en el caso de los cuestionamientos al proyecto Camisea se dan en todas sus etapas: las reservas no parecen ser suficientes en el largo plazo y hay cifras para todos los gustos, los precios internacionales actuales configuran un precio en boca de pozo mucho menor para la exportación que para el mercado interno; la capacidad de transporte contratada ha sido mucho menor que la demanda real, por ello hoy falta capacidad de transporte; todos los usuarios eléctricos pagaron el gasoducto que ahora el consorcio Camisea utiliza para exportar gas; el avance en la masificación del gas natural en las zonas urbanas es ínfimo; no se ha dado la prioridad para la llegada del gas natural a la zona Sur, etc., todo esto expresa para muchos la falta de una política energética nacional.

Lo positivo es que, por lo menos, un sector del Ejecutivo se ha animado a iniciar un debate nacional sobre recursos “estratégicos” como la energía, y esperamos que en los próximos meses, a medida que se acercan las elecciones, este se multiplique, ganando además importancia y notoriedad. Sin embargo, vemos que lo que ocurre en el sector energía es la excepción a la regla, pues los debates que buscan consensos políticos y consolidar políticas de Estado están ausentes.

Por el contrario, nosotros consideramos que pedir este tipo de debates sobre temas centrales para el país es un deber ciudadano. ¿Acaso es mucho pedir?

Son otros tiempos, pero siempre sometidos

En estos últimos meses y quizás con mayor fuerza en los últimos años, existen incontables movimientos “anti”. Todavía recuerdo quizás el primer gran movimiento “anti” de esta moda reciente. Ese movimiento se formó en torno por el rechazo al proyecto minero de Tambogrande. La campaña planteaba el reto de optar por utilizar el territorio para hacer una mina o para continuar utilizándolo como un valle fértil de limones. “Sin limón no hay ceviche” decían sus avisos que aparecieron pegados en las paredes de Lima.

¿Qué ha ocurrido desde aquella campaña hasta el día de hoy? Cuestiona el hecho de ver a ciudadanos de diversas zonas del país salir a marchar contra la construcción de una mina, contra la exploración ó explotación de hidrocarburos o, lo más llamativo, contra la construcción de hidroeléctricas.

Todavía tengo fresco el recuerdo de cómo hace unos pocos años atrás las poblaciones pedían a gritos al gobierno la construcción de su proyecto de una central eléctrica (hidro o térmica) para darle luz a sus poblaciones. Cada poblado quería tener su propia central hidroeléctrica, muchos dirigentes regionales impulsaban los proyectos para la construcción de centrales eléctricas para sus pueblos. Las autoridades contaban estos proyectos entre sus grandes logros y obras, ellos habían sido los ejecutores de la construcción de la central hidroeléctrica de la región o provincia o distrito y siempre quedaría grabado su nombre no sólo en la placa de inauguración sino también en la memoria de todo el electorado.

Sin embargo, la realidad actual es otra. Esos mismos pobladores que antaño luchaban por la construcción de proyectos de inversión en sus territorios, que aportaban faenas comunales de trabajo para lograr la ejecución, ahora marchan y reclaman en contra de su construcción. Sea lo que fuera, desde carreteras hasta hidroeléctricas, hoy se oponen; en el caso de minas e hidrocarburos es cierto nunca fueron “bien” vistas pero tampoco tenían una oposición tan vehemente y visible.

¿Es este un síntoma de haber ganado en ciudadanía, desarrollo y democracia? A veces pienso que estas oposiciones y colectivos no son más que expresiones caudillistas y de manipulación política de diversos intereses, sobre todo internacionales, como son los grupos conservacionistas, para quienes proteger y evitar cualquier impacto, aún sea mínimo, es su fin ultimo.

Por otra parte, el movimiento anti-minería, anti-hidrocarburos, anti-carretera y anti-hidroeléctricas asume el rol de la defensa de los intereses del “pueblo”, de ese “pueblo” que ha virado de intereses. Asumen ese rol defensor únicamente con el planteamiento de “conservar” las cosas como están pero no tienen alternativas de desarrollo ni tampoco plantean proyectos concretos y articulados para seguir la senda del desarrollo y superar la pobreza.

Parece que todavía respondemos a intereses de países ajenos europeos o Estados Unidos, tanto de su ala más a la derecha –pro libertad de mercados y capital– ó de movimientos “verdes” y “ecologistas”.

Los últimos buscan conservar en nuestros países aquellos recursos que sus países sí tuvieron la decisión y libertad de explotarlos, y con ello generar su desarrollo; sin embargo, a nosotros nos lo impiden vendiéndonos la idea de que “cuidamos el ambiente” o “protegemos la naturaleza”.

Nos hacen creer que esos problemas son de “todo el planeta” cuando la verdad es que son más de ellos que nuestros, pues esos países “desarrollados” emiten más del 60% de la contaminación del planeta y han devastado sus recursos naturales para tener el nivel de vida que tienen, mientras nosotros podemos seguir siendo pobres. Son ellos lo que no quieren parar el ritmo devastador de su estilo de vida y vienen a nuestros países a proteger finalmente sus propios intereses.